El cerco sobre Manuel Fernández de Sousa es cada vez más estrecho. A menos de un día después de haberse conocido el agujero patrimonial de la piscícola y el supuesto falseamiento de sus cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha iniciado “las actuaciones oportunas para determinar el alcance de los incumplimientos” de ley llevados a cabo por la compañía y su cúpula directiva.
Desde el organismo que preside Elvira Rodríguez se hace ahora hincapié, “una vez recibido el informe de investigación forense” elaborado por KPMG, en las implicaciones que podrían derivarse de los incumplimientos en cuanto a remisión, publicación y veracidad de información periódica contable. Y es que, los auditores forenses de la compañía han apreciado indicios de ocultación de deudas y falseamiento de cuentas de forma reiterada en la compañía gallega.
A la luz de las pesquisas llevadas a cabo por KPMG, el balance de la Pescanova de Fernández de Sousa soporta una deuda financiera total de 3.281 euros que se traduce en un agujero de 927 millones de euros. De confirmarse estas cifras, la quiebra de la gallega pasaría a considerarse la tercera más abultada de la historia empresarial española, sólo por detrás de las de las inmobiliarias Metrovacesa y Reyal Urbis. Una circunstancia que ha llevado a los auditores forenses a determinar que “durante los últimos ejercicios se han diseñado y ejecutado prácticas contables cuyo objetivo era presentar una deuda financiera del grupo inferior a la real y, consecuentemente, una cifra de resultados superior a los realmente generados”, según su informe.
En el documento forense se comenta además que “los hechos, operativas y prácticas desarrolladas por el grupo Pescanova no fueron fortuitos, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente que se ha venido realizando durante varios años por parte de la dirección de Pescanova”. Unas circunstancias que ahora la CNMV se dispone a investigar en profundidad y determinar las responsabilidades pertinentes imputables a cada uno de los miembros de la cúpula directiva de la cotizada.
Ayer mismo, los administradores concursales de Deloitte anunciaban su decisión de reservarse “el derecho a adoptar las medidas que resulten oportunas tras el análisis del informe, dando en su caso traslado a los órganos competentes”. Ahora, es la CNMV la que ha querido dar un paso al frente cuando aún está pendiente de resolverse la cuestión de las ‘ventas silenciosas’ de Sousa, por las que podría tener que afrontar una multa de hasta 1,6 millones de euros o quedar inhabilitado para operar en Bolsa.
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