El organismo supervisor se ha dado plazo hasta marzo para que vea la luz su prometida circular sobre productos no recomendados para inversores minoristas. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la salida a Bolsa de Bankia no ha caído en gracia en los cuarteles generales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Elvira Rodríguez, presidenta del organismo supervisor del parqué, ha explicado este martes que no comparte el “criterio contable” empleado.
En su opinión, el Supremo “está dando como sabidas” en el momento de la salida a Bolsa de Bankia “circunstancias posteriores” como la normativa de saneamiento por activos inmobiliarios para la banca española que terminó impactando sobre sus cuentas. En este sentido, Rodríguez defiende que el organismo que preside desde 2102 cumplió con su cometido al incluir en el folleto de la operación una advertencia sobre “la exposición de la entidad al mercado inmobiliario”.
De este modo, lo que critica la presidenta de la CNMV es que se tenga en cuenta la “revisión prudencial macro” a posteriori, que hace que “las cuentas que eran de una manera en un momento concreto fueran de otra después”. En el marco de la presentación del Plan de Actividades 2016 del organismo supervisor, Rodríguez ha subrayado que “otra cosa distinta es un jubilado que tenía su pensión y le encasquetaron unas acciones” de forma cuestionable.
Por lo que se refiere a la validez de las cuentas con las que la compañía preparó su estreno en Bolsa en julio de 2011, cuando Julio Segura presidía el organismo supervisor, su sucesora ha recordado que fue la CNMV la que obligó a aglutinar las cuentas de las cajas de ahorros que con su fusión dieron paso a la nueva entidad financiera. Es así que recuerda que la normativa vigente retiró la obligación de presentar cuentas de los últimos tres ejercicios para debutar en el parqué, cambio que se introdujo para facilitar la puesta de largo en la época de las tecnológicas conocidas como puntocom.
Asimismo, la actual responsable de la institución defiende que fue el equipo de su predecesor el que determinó que fueran los inversores institucionales los que fijaran el precio de la colocación, en lugar de los minoristas. “Así se rebajó en un 30%” frente a las cotas inicialmente barajadas, ha defendido en defensa de la actuación de su organismo.
En cuanto a la posible comercialización fraudulenta de acciones de la entidad a través de su red de sucursales, Rodríguez también ha subrayado que “el inversor no tiene ningún derecho a no perder, pero todo el del mundo y más a conocer el funcionamiento y los riesgos” del producto en el que invierte. De este modo, uno de los objetivos prioritarios del organismo es poder tener listo para antes de que termine marzo la circular de advertencias sobre productos no adecuados para minoristas.
