Los documentos los suscriben Juana Pulgar Ezquerra y Juan Sánchez-Calero, que confirman la compatibilidad de la propuesta con el convenio pactado con el G7. Los pequeños accionistas de Pescanova no cejan en su empeño de evitar que los bancos acreedores los releguen a un testimonial 5% en el nuevo mapa accionarial de la compañía. Con el fin de echar por tierra los peros de las entidades financieras, aportan dos informes de catedráticos expertos en la materia que avalan su propuesta.
Con miras a la junta de accionistas que se celebrará el próximo 28 de septiembre en la sede pontevedresa de Pescanova, los minoritarios han aportado dos nuevos documentos para reforzar su reivindicación. Dos catedráticos de Derecho Mercantil y expertos en materia concursal suscriben que la propuesta de los pequeños inversores para quedarse con un 20% de la nueva compañía no contraviene el convenio aprobado por el juez.
Los dos informes los han remitido además a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) con el objetivo de ganar apoyos de cara a la junta de accionistas. Los documentos los suscriben Juana Pulgar Ezquerra y Juan Sánchez-Calero, cuyos servicios habían sido contratado “con el fin de valorar dicha propuesta y su compatibilidad con los convenios”, según consta en el hecho relevante remitido al supervisor.
En su reclamación inicial ya se habían fundamentado en el análisis de estos dos expertos, pero los informes no eran específicos para la propuesta finalmente redactada. Por este motivo, los minoritarios se decidieron a solicitar esta ampliación de su opinión legal en torno al encaje accionarial de la nueva Pescanova. Al frente de estos inversores se encuentra Carlos Sanz Navarro, que también defiende reducir el importe global de la ampliación de capital para el reflotamiento de la compañía de forma que los acreedores solo tengan que aportar 30 millones de euros en lugar de los 39 previstos en su propuesta.
Desde el consejo de administración se ha incidido varias veces en su “esfuerzo” por defender a los pequeños accionistas de la compañía, víctimas del falseo de cuentas que durante años habría orquestado su expresidente Manuel Fernández de Sousa. No obstante, en los prolegómenos de lanzar la convocatoria de junta, los administradores cedieron a las exigencias del sindicato de grandes acreedores -conocido como G7-, ya que este último llegó a amenazar incluso con ir a los tribunales.
