En la cadena SER consideran que Rajoy debería volver a comparecer en el Parlamento para hablar del caso Bárcenas, pero Antón Losada cree que faltan mecanismos para que la oposición le obligue.
En la cadena SER consideran que Rajoy debería volver a comparecer en el Parlamento para hablar del caso Bárcenas, tras la declaración ante el juez de María Dolores de Cospedal, pero Antón Losada considera que “nos faltan mecanismos” para que la oposición pueda obligar a un presidente del Gobierno a que dé explicaciones al Congreso.
Mariola Urrea dice que la cuestión no es imaginar mecanismos para arrastrarle al Parlamento y que lo que ocurre es que a Rajoy “le falta cultura democrática”.
Y señaló esta tertuliana que está claro que existe financiación ilegal en el PP aunque aún no lo haya dicho el juez.
Alberto Grimaldi cree que hay demasiada tolerancia de los ciudadanos a que los políticos mientan, “lo que ha hecho un daño tremendo a la política, de ahí parte toda la corrupción en el sistema público.
Losada insiste en que Rajoy debe volver al Parlamento, pedir perdón, reconocer sus problemas de memoria y empezar desde cero.
Respecto a la idea del partido de Rosa Díez de crear una especie de perjurio parlamentario, Mariola Urrea lo califica de “una ocurrencia”, algo en lo que está de acuerdo Antón Losada.
Se refieren ambos tertulianos a la iniciativa que UPyD presentará en el Congreso de los Diputados para que las mentiras realizadas en sede parlamentaria sean consideradas un delito, al igual que lo son cuando se dicen ante un juez.
Rosa Díez explicó ayer en la SER que esta iniciativa estaría enfocada a condenar a aquellos cargos políticos que mientan sobre temas de seguridad, asuntos que tengan que ver con la contabilidad del Estado o que encubran o nieguen hechos delictivos.
“La idea sería crear un nuevo delito de perjurio para quien mienta en sede parlamentaria. Obviamente no podría ser cualquier tipo de mentira, sino aquellas que tengan que ver con la finalidad de encubrir o negar un hecho delictivo conocido, o que tenga la obligación de conocer, en razón de su cargo público o de su responsabilidad orgánica”, explicó Díez.
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