os malos datos y las pesimistas previsiones económicas, tras conocerse que el PIB se contrajo un 4,2% en los últimos 12 meses, abren hoy las portadas. Las primeras se comparten con nuevos datos de la gripe A, ya que el Gobierno informó que la vacunación comenzará a finales de octubre o primeros de noviembre, anuncio que se produce justo el día en que la enfermedad se cobró tres nuevas víctimas mortales, con lo que el número de fallecidos en nuestro país se eleva a 20. Además, todos los diarios reservan un hueco al fallecimiento de Joaquín Ruiz-Giménez, el primer Defensor del Pueblo y para Abc “símbolo del civismo de la transición”.
Respecto a la crisis económica, El País publica que “España saldrá de la recesión un año más tarde que la zona euro” y advierte de que “el tren de la recuperación que ha arrancado en otros países no tiene previsto parar, de momento, en España.” Informa que “la economía, que cayó entre abril y junio el 1,1%, encadena su cuarto trimestre de contracción y ahí permanecerá al menos un año más, según las previsiones del Gobierno”.
A El Mundo lo que más irrita es que justo cuando el PIB se hunde, “el ministro de Trabajo dedicaba todas sus energías a señalar públicamente a los empresarios para responsabilizarlos, una vez más, de la fractura del Diálogo Social”, y eso es lo que destaca el diario que dirige Pedro J. Ramírez tanto en su portada como en su editorial principal que titula: “Con amenazas y subsidios no se sale de la crisis”.
Además de estos asuntos, El País, La Razón y Abc aplauden el acuerdo alcanzado entre la consejería vasca de Interior y la Asociación de Municipios Vascos, que preside el PNV y agrupa a 251 ayuntamientos, incluidos los 33 gobernados por la ilegalizada ANV, para eliminar de las calles símbolos etarras e impedir que se enaltezca el terrorismo. Abc editorializa al respecto para recordar que “la lucha contra la simbología radical refuerza la vigencia de la Constitución en el País Vasco y ofrece un horizonte de esperanza para muchas personas que viven desde hace mucho tiempo sometidas a la coacción -física y moral- de la izquierda abertzale”. El País, lógicamente también está encantado con que los ayuntamientos vascos asuman “su parte en la batalla por la deslegitimación de ETA” y dice que la iniciativa del Gobierno vasco supone la “recuperación de la moral ciudadana, harta de ceder siempre ante los más brutos, y síntomas de que puede forjarse un nuevo consenso sobre ese aspecto concreto de la guerra de desgaste planteada por la minoría violenta contra la mayoría”.
