El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado dos meses al Ejecutivo nacionalista para equiparar el castellano y el catalán en el sistema educativo de la comunidad. Esto ha provocado reacciones entre los políticos y, por supuesto, entre la prensa.
En El País destacan la “indeseable guerra política” que se ha abierto, ya que creen que el Supremo no cuestiona el modelo lingüístico catalán, sino que insta a que no se excluya el castellano. Asimismo, según el diario del Grupo Prisa, “reforzar en alguna medida el castellano en la enseñanza no cuestiona el modelo de inmersión lingüística vigente desde hace 30 años, como tampoco lo hace el Supremo. En determinadas zonas y sectores educativos catalanes ya se hace mediante una aplicación inteligente de la ley”. Y avisa de que eso “es lo que el Gobierno catalán debe hacer en cualquiera de los casos”.
En El Mundo han sido más explícitos y señalan que la situación es “Un desafío nacionalista que el Estado de Derecho debe ganar”. El periódico de Pedro J. ha indicado que lo ideal sería que cada familia pudiera elegir la lengua en la que educa a sus hijos, pero lo que el Supremo dice en la sentencia a la que se refiere el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que la educación se tiene que impartir en ambos idiomas. “Aunque el Constitucional admitió la política de inmersión, lo hizo estableciendo que era temporal y que ambas lenguas debían equipararse en el sistema educativo, algo que no ha sucedido”, subrayaron.
Por su parte, La Razón también resalta que los nacionalistas se aferran a un falso derecho del catalán y desprecian el de los padres a elegir cómo se educa a sus hijos. “A día de hoy el modelo de inmersión lingüística de Cataluña discrimina a los castellanohablantes sin atender a las resoluciones judiciales”, ha insistido.
