“Nuevo golpe a la educación pública madrileña” por parte del Ejecutivo autonómico, afirma el sindicato, que explica que en el próximo curso 2022/2023 los institutos de la región contarán con 1.000 puestos menos de profesorado. Y eso, destaca, “a pesar de que el número de alumnos y alumnas aumenta en un 1,6%”. “Los datos que hemos extraído centro a centro y de las asignaciones de cupos de profesorado publicadas el jueves 21 de julio nos hacen concluir que el curso 2022/2023 sufriremos nuevos recortes de profesorado, como ya anticipamos y avisamos desde CCOO en nuestro estudio de escolarización”, explica la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Isabel Galvín.
De acuerdo con el análisis realizado por Comisiones, según las asignaciones profesionales hay 1.053 vacantes menos a inicio de curso, a las que habría que sumar los recortes en las especialidades pequeñas, “con lo que podríamos estar hablando de unos 1.200 profesores y profesoras menos”.
Las asignaturas más afectadas por este ‘tijeretazo’ son Matemáticas (262 menos), Lengua (260 menos), Física y Química (163 menos) y Filosofía (115 menos). Asimismo, el mayor recorte se concentra en la zona Sur, seguida de la Dirección de Área Territorial (DAT) Centro y Este. Por su parte, en las DAT Norte y Oeste la situación se mantiene similar al curso pasado.
Esta reducción del cupo de profesorado se produce cuando aumenta el alumnado del 1,6%, ya que se pasará de los 294.703 alumnos este curso, a unos 299.418 el curso que viene, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE), incide CCOO.
“Para cubrir las necesidades educativas de estos nuevos más de 5.000 alumnos haría falta la creación de 92 cupos de profesorado, pero desde la Consejería de Educación hacen lo contrario: no contratan, sino que reducen la plantilla y condenan a las aulas madrileñas a la masificación”, critica Galvín. “Prometieron reducir las ratios, pero esta reducción de la plantilla va a masificar aún más las aulas. También hará imposible las medidas de apoyo, refuerzo, atención a la diversidad, desdobles y codocencia que quiere introducir la LOMLOE. El resultado de este recorte es pérdida de empleo público y pérdida de la calidad educativa. Todos salimos perdiendo”, remarca.
“Ayuso usa los recortes a la pública para financiar la educación privada”
Desde CCOO se ha comparado esta situación con las becas para rentas altas del Gobierno autonómico. “Es evidente que los 40 millones que ya no invierten en sueldos para el profesorado han ido a parar a los 150 millones que están regalando a la privada en forma de cheques”, asegura Galvín.
En su opinión, “la paradoja es que dicen defender la demanda educativa, pero cada año la demanda de enseñanza pública supera a la oferta, y Ayuso está ignorando a decenas de miles de familias que quieren educación pública”. Para la responsable sindical, “en lugar de crear esas plazas, el Gobierno de Díaz Ayuso usa los recortes a la pública para financiar la educación privada”.
“Usa cheques para influir en la decisión de esas familias y empujarles a la privada donde tendrán que copagar una matrícula altísima. Es una falta de libertad y de equidad que pagamos de nuestro bolsillo todos los madrileños”, censura.
Asimismo, el sindicato recuerda que el curso 2021/2022 ya comenzó con 5.000 docentes menos respecto al curso anterior. Desde la Consejería de Educación se decidió volver a las ratios prepandemia y despedir a un profesorado “que había hecho posible una mejora generalizada de los resultados escolares y un descenso de la conflictividad en las aulas”. “El Gobierno madrileño ha decidido atacar frontalmente el éxito de una fórmula probada, y al hacerlo se ha declarado, una vez más, enemigo de la educación pública”, destaca Galvín.
A esto hay que sumar que el pasado mes de abril, antes de que comenzara el proceso de escolarización y de que las familias pudieran elegir qué educación querían para sus hijos, Ayuso decidió cerrar 233 aulas públicas, “lo que supuso la pérdida de 6.200 plazas”. “Se trata de un proceso continuado que, año a año, merma la oferta pública y atenta contra la libertad de las familias”, critican desde el sindicato.
