Vista del hemiciclo del Congreso
Varias formaciones, entre las que están Unidas Podemos, ERC, Junts, PDeCAT, EH Bildu y el PNV, han registrado una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre “el espionaje e intromisión a la privacidad a través de los malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados”.
En el texto registrado hacen referencia a las investigaciones publicadas por varios medios, como The New Yorker y El País, que desvelan que “al menos 65 líderes políticos catalanes y vascos” han sido objeto de “espionaje ilegal a través de sus teléfonos”. Dirigentes como Pere Aragonès, Quim Torra, Artur Mas, Roger Torrent, Arnaldo Otegi, Miriam Nogueras, Jon Iñarritu o Ferran Bel, entre otros.
Tras incidir en que el sistema Pegasus “solo se vende a fuerzas del orden y agencias de inteligencia”, las formaciones que suscriben este texto señalan que “la responsabilidad sobre el espionaje apunta directamente al Gobierno español”. Por ello, creen “oportuna” la creación de una comisión de investigación al respecto.
Con ella quieren que se conozca “al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales llevadas a cabo sobre líderes políticos”. Asimismo, “la responsabilidad y el mal uso de las estructuras técnicas de los departamentos de Defensa, Interior, vicepresidencia y Justicia y la vinculación de dichas estructuras con el espionaje”. También buscan que se sepan “los contratos, costes y procesos de contratación para el desarrollo y/o compra del software Pegasus y otras herramientas usadas para el espionaje”.
Otro de los objetos de esta comisión es el de “proponer y plantear medidas de resarcimiento a todos aquellos afectados por las investigaciones ilegales, así como la asunción de las responsabilidades que se deriven”.
Ante las peticiones de los grupos al respecto, desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que tanto el Ejecutivo como el CNI “siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente”. En una entrevista en el Canal 24h, recogida por Europa Press, ha recordado que el CNI también está sujeto al control parlamentario a través de la denominada Comisión de Gastos Reservados, que aún no se ha constituido esta legislatura.
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