Más personal y participación de familiares: la ley de Podemos para las residencias en Madrid

Residencia de ancianos
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Podemos en la Comunidad de Madrid ha presentado este lunes una Proposición de Ley de Centros Residenciales para personas mayores enfocada a mejorar la calidad asistencial en estos centros que en la región madrileña han protagonizado varios escándalos por negligencias, incendios, cierres de centros e incluso muertes de ancianos por falta de personal.

El grupo ha redactado la ley tras un proceso participativo con “responsables políticos en el ámbito autonómico y municipal, técnicos, entidades, asociaciones, profesionales y ciudadanos en general”. Trata de asegurar que las residencias cuenten con recursos materiales y reglamentarias suficientes para atajar casos como los de “ancianos fallecidos y olvidados, denuncias de malos tratos, incendios en instalaciones, ratios de empleados deficientes, caída de techos y residentes deshidratados y malnutridos”.

Pero además, los miembros de Podemos defienden como necesaria una ley integral que armonice las distintas normativas “dispersas” que regulan las residencias.

La Proposición de Ley recoge desde los requisitos materiales que deben tener los centros, hasta el modelo de atención integral, la cantidad y formación del personal o los metros cuadrados que debe tener cada usuario en las zonas comunes.

“La calidad vivencial de los centros residenciales deberá adecuarse a las necesidades de las personas mayores residentes, sobre todo en lo que respecta a la habitabilidad, el espacio, la seguridad, la accesibilidad, las facilidades para la orientación y el espacio privado”, apunta la PL, que desglosa cada apartado.

Sus retos básicos son lograr “ratios suficientes de personal en todas las categorías profesionales”, “contar con las trabajadoras, familiares y toda persona implicada de forma directa en los centros” así como crear un “Consejo de Usuarios” abierto a los familiares para que puedan ejercer un “control directo de las residencias” de sus mayores.

Por ejemplo, en el caso del espacio, Podemos pide que los centros residenciales de más de 25 plazas dispongan de salas de estar y salas de actividades comunes a todos los módulos con una superficie útil mínima en su conjunto de 2,5 metros cuadrado por plaza y de 4,5 en el caso de estancias diurnas. También fija una superficie mínima de los comedores y salas de estar de 4 metros cuadrados por cada persona usuaria, y de 5,5 metros mínimo en aquellos centros que tengan 25 plazas o menos.

“Se garantizará una iluminación y ventilación natural desde espacio abierto exterior en los espacios comunes. La superficie acristalada será mayor o igual que 1/10 de la superficie útil de la estancia y la superficie de ventilación será mayor o igual que 1/20 de la superficie útil de la estancia”, propone.

También ordena que las habitaciones dobles no tengan menos de 19 metros cuadrados últiles, excluyendo los baños, y que en los sótanos y semisótanos “en ningún caso puedan ubicarse habitaciones”.

El texto establece que “el modelo de atención aplicable” en estos centros se basará en tres componentes básicos: “La atención integral y centrada en la persona, el modelo de gestión de la calidad y la garantía de derechos”.

Apuesta por generar un sistema de atención personalizada integral que se recoge en un “Plan de Atención Individual (PAI)”, que incluye como mínimo una valoración geriátrica integral, la detección de necesidades y potencialidades, plantear objetivos concretos para cada interno en el ámbito preventivo y asistencial así como la ejecución y evaluación periódica de tales metas, lo que podrá derivar en nuevos objetivos de ser necesario. “Todo ello al objeto de que dicho documento PAI sea algo dinámico/vivo, que recoja en cada momento la situación actual de la persona usuaria”, se lee en la PL.

Según ha explicado el diputados autonómico de Podemos Raúl Camargo a Público, la toma en consideración de la PL será en marzo y la formación espera en que PSOE y Ciudadanos la apoyen, aunque cuentan con el rechazo del PP.

Ratios

La PL fija el personal mínimo en cada categoría profesional que debe tener cada centro en función del número de usuarios, los turnos establecidos, los grados de dependencia y las áreas asistenciales de cada residencia. Por ejemplo, en el caso de dependientes moderados (grado 0 y I), deberá haber al menos dos médicos geriatras (uno para cada turno), dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales, un psicólogo, un trabajador social, un animador sociocultural y un auxiliar de farmacia además de un enfermero DUE por turno y doce técnicos auxiliares. Estos últimos puestos aumentan en función del grado de dependencia en sus ratios mínimas.

También fija mínimos de personal en comedores, limpieza, lavandería, cocina, administración o mantenimiento entre otras. Podemos quiere que las residencias activen la ley en el plazo de un año tras ser aprobada, y si pasado el límite temporal los centros no hubieran aplicado los requisitos, pide que la Administración revoque la autorización de la residencia en cuestión.

Tras la muerte de una anciana por la amputación de un pie al caerse de su cama el pasado verano, lsindicatos como UGT criticaron que las ratios actuales entre usuarios de las residencias de mayores y trabajadores, establecidas por la Ley de Dependencia, “se están utilizando de forma engañosa ya que, para cumplirlas, las residencias contabilizan a trabajadores que no atienden directamente al dependiente, como limpiadores o cocineros, como trabajadores asistenciales”, que sí asisten al usuario, como gerocultores y enfermeros.

Representación de las familias

La propuesta presentada por Camargo opta por incluir a los familiares o representantes de los internos en los dos órganos participativos que se crearán para la gestión de las residencias: la Asamblea General y el Consejo de residentes.

Mediante este último cuerpo de participación podrán “confeccionar y proponer programas anuales de actividades”, analizar su seguimiento, “elaborar el informe anual de gestión y someterlo a la aprobación de la Asamblea General” y en definitiva “velar por los derechos de las personas usuarias”.

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