‘Salvemos la Atención Primaria’. Este es el lema de la protesta, impulsada por sindicatos, organizaciones sanitarias y colectivos sociales, que busca defender la calidad asistencial y poner la Atención Primaria “en la agenda política a nivel central y autonómico”. En concreto, detallan los convocantes, el objetivo de esta movilización estatal es “recuperar lo recortado en los últimos años”. Algo que se lograría “incrementando el presupuesto (hasta el 25% del total)”, además de invirtiendo de “manera clara” en personal, estabilizando las plantillas mediante la convocatoria de Ofertas de Empleo Público (OPE) con la “suficiente periodicidad”.
Asimismo, exigen garantizar unos centros de salud “abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera” y que se prioricen las consultas presenciales. En su opinión, las consultas telefónicas y telemáticas “deberán tener un papel no discriminatorio para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías”.
Entre sus reclamaciones también incluyen la necesidad de dotar a la Atención Primaria de los recursos “necesarios y suficientes” para realizar actividades formativas, docentes y de investigación, para conseguir niveles de excelencia.
Los convocantes entienden que “sólo así se podrá cambiar la deriva actual tan crítica de la Atención Primaria y obligar a las Administraciones sanitarias a comprometerse de una forma seria, adoptando medidas urgentes para la recuperación y mejora de la Atención Primaria, dejando a un lado promesas vacías”.
En las últimas semanas representantes de algunas de las organizaciones que impulsan esta acción han trasladado estas propuestas y reivindicaciones a grupos políticos con representación parlamentaria. Y lo han hecho al considerar que “no se está produciendo un compromiso serio para adoptar medidas urgentes para recuperar y mejorar la Atención Primaria”. Una meta que esperan lograr con la mencionada manifestación.
Esta protesta se producirá apenas unos días después de las que han tenido lugar también en Madrid, en este caso contra la incertidumbre en la que están los más de 11.0000 contratados de refuerzo covid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere prescindir de la gran mayoría de estos profesionales, cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre. La idea del ejecutivo autonómico es la de renovarles durante un período de un mes, dos meses o tres meses. Nada más. Y eso pese al aumento de los contagios. “Migajas”, según denuncian los sindicatos sanitarios.
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