Desde el año 2008 se han producido en España más de un millón de desahucios. En concreto, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), 1.002.000, y aún faltan por cerrar los datos oficiales del año pasado. A la espera de esas cifras este colectivo destaca que esto supone que día tras día hay un desahucio cada 12 minutos, el 68% por impago de alquiler. De ahí que la PAH haya pedido al Gobierno de coalición que se ponga ya manos a la obra para solucionar este problema.
“Ha pasado más de una década del estallido de la crisis”, recuerda esta plataforma, que remarca que “en este tiempo hemos sufrido una situación de emergencia habitacional sin precedentes”. “Primero silenciada, poco a poco reconocida, pero ninguna solución ni intenciones para ello, solo parches y maquillaje”, denuncian los afectados. En su opinión, los motivos para estar en esta situación se deben a la “falta de una legislación que nos proteja” y al “exceso de políticas y gobiernos que han priorizado la especulación de un derecho fundamental protegido por la Constitución, que se han preocupado solo de sustentar los intereses de la banca y los fondos buitre”.
Las “buenas intenciones” no son suficientes para que más de 1.000.000 familias puedan “recuperar su hogar ni la posibilidad de construir uno nuevo, estable y asequible”. Por ello, la PAH cree que “ha llegado el momento en que el Estado pague su deuda con la sociedad, de poder acabar este año sin ser la vergüenza del mundo y que no se repitan los casi 60.000 desahucios anuales que se van contabilizando año tras año”.
De esta manera, exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que “si de verdad quiere ser un gobierno progresista que esté por los Derechos Sociales” solo tiene que aprobar una serie de medidas de “inmediata aplicación”. En concreto, este colectivo pide el cumplimiento de Tratados Internacionales de Naciones Unidas y su prevalencia sobre la legislación nacional “para que no haya un desahucio más sin alternativa habitacional”.
Además, reclaman que se amplíe la moratoria de desahucios, que, tal y como ya publicó EL BOLETIN, finaliza en mayo, “con mejora y ampliación de sus protocolos de acceso para que no afecte solo a las ejecuciones hipotecarias y también se acojan los casos de alquiler y ocupación”.
También abogan por la “renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad” y la suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada y la anulación total de los desahucios con fecha abierta.
“Desde la PAH no vamos a escatimar esfuerzos para que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos esté a la altura de las circunstancias y de las expectativas de aquellas que les han puesto donde están”, advierte.
