Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013 para dar mayor seguridad a los inquilinos y limitar los precios de las rentas de inmuebles en “áreas con el mercado fuertemente tensionado” son las principales ideas de la Proposición de Ley que hoy registra Grupo Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea.
Se trata de “regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler”. Representantes de la formación como Irene Montero o Rafa Mayoral y concejales de vivienda de Barcelona, Madrid, Córdoba, Zaragoza, Valencia, Coruña y Cádiz han pedido al Congreso revertir la modificación que en 2013 redujo de cinco a tres años los contratos mínimos de arrendamiento.
Proponen que vuelvan a situarse en un lustro y que el periodo mínimo de aviso de fin de contrato pase de los actuales 30 días a tres meses. La actualización del precio de la renta debería estar vinculada al IPC durante todos esos años, y solo después de ese periodo se permite un incremento máximo del precio por mejoras en la vivienda de hasta el 15%.
Además, proponen que si el arrendador es una persona jurídica y no un particular, el inquilino pueda prorrogar otros cinco años su contrato de alquiler, siempre que esté al corriente de sus obligaciones contractuales y legales. La PL explica que se trata de una norma inspirada en la legislación francesa.
Sobre los precios, piden introducir “posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en coordinación con los municipios afectados, regulen los incrementos desproporcionados de los precios de los alquileres en áreas con el mercado fuertemente tensionado, a través de un índice de precios máximos de alquiler”.
Hoy, ocho ciudades y el grupo Unidos Podemos registramos una Propuesta de #LeyAlquileresJustos para garantizar el derecho al alquiler seguro y estable y no favorecer la especulación en nuestros barrios y ciudades. pic.twitter.com/6r118U3UFj
— Zaragoza en Común (@zaragozaencomun) 5 de abril de 2018
La formación entiende que la posibilidad de regular los precios del alquiler en determinados supuestos beneficia a todas las partes: a los propietarios, por asegurar “una rentabilidad económica proporcionada a largo plazo” y a la ciudadanía, por afianzar “la función social de la propiedad”.
Critica que “el existente desequilibrio en la negociación de la renta entre la parte arrendadora y la parte arrendataria, en escenarios de escasez de oferta y tensión de los precios, comporta que el precio se determine de forma unilateral por la parte arrendadora, siendo la mayoría de las veces una carga desproporcionada en relación con los ingresos familiares”.
El partido que capitanea Pablo Iglesias recuerda que esta dinámica es suficiente justificación para que el sector público pueda intervenir en la regulación del alquiler desde uno de sus principales elementos contractuales: el precio que paga el arrendatario.
Recuerda que en la actual legislatura ya se han aprobado dos proposiciones no de Ley para “posibilitar que los municipios que acrediten fuertes incrementos de precios de alquiler puedan, en coordinación con sus CCAA, regular estos alquileres abusivos”.
