El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este jueves a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que no contempla que se lleven a cabo un acercamiento en bloque de presos de ETA. En la reunión también ha asegurado que se estudiará incluir sanciones económicas a los ayuntamientos que permitan la celebración de actos de homenajes a los etarras excarcelados por humillar a las víctimas.
Según el comunicado de la AVT tras la reunión, Grande-Marlaska se ha remitido a su comparecencia en el Congreso donde ya descartó el acercamiento en bloque de presos de ETA que planteó en enero el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández. La propuesta era acercar a los 210 presos de ETA a siete cárceles cercanas a Euskadi.
El ministro del Interior ha vuelto a defender que habrá «tratamiento individualizado de los reclusos a los que les queden pocos años de condena» y que se tendrá en cuenta su evolución personal, «exigiendo una condena explícita de la violencia y la asunción de la legalidad penitenciaria», según el comunicado de la AVT.
A mediados de 2018, tras llegar a Interior, el ministro realizó cambios en la política penitenciaria y se comprometió a adelantar a las asociaciones las decisiones sobre traslados de presos de ETA. Entonces se descartó el acercamiento de etarras con delitos de sangre, es decir, aquellos que estuvieran directamente relacionados con atentados con víctimas mortales, pero en la reunión de este jueves no se ha incluido entre los requisitos. En diciembre hubo quejas por el traslado de Alicante a Asturias del histórico José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti’.
«Líneas rojas»
Desde la AVT se ha mantenido que hay «líneas rojas» como la colaboración con la Justicia para esclarecer los atentados sin autor y como condición para el pronóstico favorable de reinserción. Respecto a la cesión de prisiones al País Vasco, Grande-Marlaska ha insistido en que se trata de la gestión de los centros, pero que los presos que se encuentran en el resto del país continuarán dependiendo del Gobierno central.
Sobre los homenajes a terroristas, la AVT se ha quejado de la «total impunidad en las calles del País Vasco y Navarra». Según la asociación que preside Maite Araluce –a la reunión ha asistido el consejero Miguel Folguera y la abogada Carmen Ladrón de Guevara–, Grande-Marlaska se ha comprometido a articular «todas las vías posibles» para impedir esto, «tanto legales como políticas».
Según la AVT, aquí se incluye la posibilidad de que en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas se «impongan sanciones económicas a los ayuntamientos que permitan la celebración de actos que humillan a las víctimas del terrorismo».
Además de comprometerse a impulsar la reforma de la Ley 29/2011, en la reunión se ha tratado otras cuestiones como los «problemas de funcionamiento de la Fundación de Víctimas del Terrorismo». En su comunicado, la AVT ha agradecido la «predisposición» de Grande-Marlaska para reunirse con ellos.
