Toro de Osborne
El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España firmó convenios de colaboración de manera verbal, sin formalización de documento escrito alguno, en los últimos ejercicios auditados por el Tribunal de Cuentas. Eso supone que Marca España se saltó las leyes administrativas de procedimiento y de transparencia.
El Boletín Oficial del Estado del viernes 30 de noviembre recoge la resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España (ACME).
Según el Tribunal de Cuentas, Marca España firmó contratos cuyo seguimiento y control de la documentación y de la ejecución fue defectuoso.
Uno de los principales problemas de este organismo, según exponen los auditores, es que Marca España configura su estrategia mediante objetivos generales que carecen del necesario desglose en objetivos sectoriales y acciones concretas y medibles.
“Su seguimiento desagregado es prácticamente imposible pues no se establecen indicadores que permitan medir su consecución ni su impacto en la evolución de la imagen de España”, recoge la resolución de la Comisión Mixta.
Una de las críticas más extendidas es que el proyecto Marca España se ha concebido como una política de Estado, atribuyéndole el objetivo prioritario de mejorar la imagen del país, y sin embargo su financiación es “prácticamente inexistente”.
En ese sentido, la Comisión Mixta, basándose en el informe del Tribunal de Cuentas, pide al Gobierno que potencie los medios financieros, humanos y materiales a los órganos que ostentan competencias en el ámbito de acción y seguridad en el exterior.
Según los auditores, el ACME debe establecer los mecanismos oportunos que contrarresten y luchen contra las noticias falsas y campañas de comunicación que perjudican o pretenden perjudicar la imagen de España y el proyecto Marca España.
Además, recomienda a Marca España la adopción de medidas para mejorar el sistema de seguimiento de la ejecución y control de los acuerdos y convenios suscritos.
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