El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
La Comunidad de Madrid no aplicará las nuevas restricciones anunciadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para tratar de contener la segunda oleada del covid. Y no lo hará, ha explicado el consejero del ramo de la región, Enrique Ruiz Escudero, porque es “falso” que el Consejo Interterritorial de Salud haya tomado una decisión colegiada. Ese documento “no ha sido aprobado por consenso y jurídicamente no es válido”, ha señalado.
Para el responsable de Sanidad de la Comunidad, el Gobierno ha utilizado el mencionado Consejo “para imponer medidas que van en contra de voluntad de muchos españoles”. En una rueda de prensa Escudero ha lamentado la ausencia de “lealtad” por parte del Ejecutivo central, que, en su opinión, “tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus”.
“Que deje de luchar contra Madrid y luche contra el coronavirus”, ha exigido el consejero autonómico tras defender que la situación de la pandemia en esta región “está en fase estable”. “La situación está controlada”.
Enrique Ruiz Escudero ha remarcado que la medida anunciada por Illa, y que se va a publicar en el BOE en los próximos días, “no ha sido aprobada por consenso”, tal y como se recoge en el reglamento del Consejo Interterritorial y, por tanto, carece de validez. Dicho esto, ha acusado al Ministerio de Sanidad de haber sido el que ha cambiado de criterio y no la Comunidad, ya que en ningún momento se habló de un principio de acuerdo. Algo que sí que ha manifestado en varias ocasiones Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz del Ejecutivo madrileño.
Según el consejero, se dijo que al día siguiente de la reunión del Grupo covid-19 se tendría que celebrar un encuentro técnico para “enriquecer” lo ya expuesto, que “puede ser entendido” como un principio de acuerdo, pero también como continuar con la negociación.
En caso de que se produjese la publicación en el BOE de la mencionada orden de Sanidad sobre estas restricciones, Escudero ha afirmado que la Abogacía de la Comunidad valoraría las decisiones que fuesen necesarias, qué hacer en este caso.
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