Los sindicatos más representativos de la Función Pública (CCOO, UGT y CSIF) han convocado medio centenar de manifestaciones en toda España, desde el 21 de mayo y hasta el 21 de junio, en defensa de mejoras en las condiciones laborales y retributivas para los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE).
La AGE, denuncian en un comunicado, “ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis”.
De ahí que reclamen un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Para lograrlo, los sindicatos proponen una incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional.
Asimismo, CSIF, CCOO y UGT reclaman el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento del 100 % de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario.
Los sindicatos también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de la AGE.
A todo esto hay que sumar el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, “que lleva más de dos años sin avances significativos”, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, “estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones”.
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