Unicaja
Hace diez días, Unicaja ponía sobre la mesa a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 1.028 trabajadores, un 15% de la plantilla, que se complementará con una movilidad geográfica de 350 empleados. Aunque las negociaciones se encuentran en una fase muy incipiente, los sindicatos denuncian que el banco pretende ofrecer peores condiciones que la competencia o incluso que las que se acordaron en el ERE de Caja España Duero, absorbida por la entidad andaluza.
A falta de conocer la propuesta económica de las salidas que se espera que puedan completarse casi exclusivamente mediante prejubilaciones, la sección sindical de UGT en Unicaja denuncia que las medidas de movilidad geográfica [los traslados] puestas sobre la mesa por el banco son inferiores a las de hace dos años, y peores también que las acordadas por otras entidades de la competencia.
A mediados de mayo de 2016 Caja España-Duero llegaba a un acuerdo con el 100% de la representación legal de los trabajadores para un ajuste laboral en la entidad que se traducía en 850 salidas, frente a las 1.120 planteadas inicialmente. La medida venía acompañada de una movilidad geográfica para 200 trabajadores. En los casos en los que el traslado fuese inferior a los 50 kilómetros no hubo indemnizaciones, pero a partir de ahí ascendían a 3.000 euros para una distancia de hasta 100 kilómetros; a 12.000 euros entre 101 y 200 kilómetros; a 15.000 euros entre 201 y 350 kilómetros; y a 20.000 euros por encima de esa distancia.
En el caso de rechazar la movilidad, se contemplaban indemnizaciones de 33 días por año trabajado con un máximo de 22 mensualidades y una prima de 700 euros por cada año trabajado. Las primas por antigüedad ascendían a 10.000 euros hasta 9 años; 15.000 euros entre 9 y 20 años; y 20.000 euros por más de 20 años.
Las condiciones puestas sobre la mesa por Unicaja en este ajuste, por su parte, contemplan 350 movilidades obligatorias con las mismas condiciones que hace dos años. Sin embargo, sí varía la oferta en el caso de rechazar el trabajador el traslado. En ese caso, la baja incentivada llevaría una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades y una prima de 20.000 euros.
“Una entidad de la solvencia de Unicaja no puede tratar a sus trabajadores peor que una empresa en liquidación”, critica UGT. El sindicato recurre también a los acuerdos firmados por la competencia, con los ERE de Banco Santander de 2017 y de La Caixa de 2016.
En el caso del banco que preside Ana Botín no hubo movilidad geográfica, pero las bajas incentivadas llevaron aparejadas unas indemnizaciones de 40 días por año y un máximo de 24 mensualidades, más las primas por trienio y antigüedad. En La Caixa, por su parte, la movilidad geográfica fue voluntaria, con una indemnización de 30.000 euros a los traslados de más de 100 kilómetros. En cuanto a las bajas incentivadas, pagó 45 días por año con un máximo de 42 meses, a lo que se sumaron las primas de antigüedad.
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