Ministerio de Trabajo
La Inspección de Trabajo convocó la primera huelga de su historia el pasado 21 de diciembre, seguida de otra en enero, y ahora llama a los trabajadores a una tercera jornada con la que los sindicatos agotan la primera fase de movilización.
CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess advirtieron la semana pasada, de que, tras la huelga del 22 de febrero, «endurecerán» e «intensificarán» sus protestas, con huelgas parciales continuas y no sólo de un día al mes, en caso de que el Ejecutivo no responda a sus demandas.
Los representantes sindicales y de las asociaciones profesionales de la Inspección no descartan incluso ir a una huelga de carácter indefinido si el Gobierno no cumple con el acuerdo de julio de 2021.
Las protestas sindicales no quedarán solo en huelgas y paros, ya que los sindicatos presentarán una denuncia contra el Gobierno español ante las autoridades de la Unión Europea por incumplir dicho acuerdo y «vulnerar» la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva.
Los sindicatos denuncian que después de tres meses de movilizaciones, con tres jornadas de huelga y diversas concentraciones, «no se ha producido» desde el Gobierno «ni un solo gesto para engrasar la interlocución».
«No hay voluntad política de buscar soluciones, lo que demuestra que las manifestaciones del Ministerio de Trabajo y del Gobierno apostando por fortalecer la Inspección de Trabajo tienen más de postura estética que de compromiso para superar las deficiencias en el organismo», critican.
Las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales del organismo han argumentado que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.
Los convocantes advierten de que la Inspección está funcionando por voluntad de sus trabajadores, porque realmente «está en colapso», con jornadas laborales «insoportables», que requieren trabajar sábados y domingos para cumplir objetivos, y todo ello «a costa de la salud y seguridad» de su plantilla.
Ésta está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
Asimismo, los sindicatos y las asociaciones profesionales de la Inspección reprochan al Gobierno su «desplante permanente» a la representación de la plantilla.
«En cuatro meses, ni el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, ni mucho menos la ministra, han encontrado hueco en su agenda para tratar los problemas existentes. Hay un innegable desprecio hacia la plantilla, que importa poco a la dirección política del Ministerio, como tampoco le interesan las condiciones de trabajo. Si algo les importa es instrumentalizar los esfuerzos que está realizando la plantilla de la Inspección en beneficio propio», ha denunciado CCOO en un comunicado.
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