Muchas empresas europeas consideraban que estaban desprotegidas frente a terceros países porque la normativa anticontaminación es más dura que en el resto del mundo.
Desde 2005 funciona en la UE el denominado Comercio de Derechos de Emisión (ETS) que obliga a muchas empresas industriales y energéticas a pagar por cada tonelada de CO2 -el principal causante del efecto invernadero- que emiten a la atmósfera. Y algunas de ellas podrían aprovechar la normativa mucho menos exigente de terceros países para instalarse fuera de las fronteras comunitarias.
Con este acuerdo se pretende justamente mantener la actividad industrial dentro de la UE y penalizar los productos procedentes de terceros estados. Hasta ahora la UE ha sido muy reacia a establecer este tipo de aranceles, pero la presión interna y los acontecimientos internacionales aconsejan adoptar medidas cada vez más proteccionistas. La UE viene defendiendo en los foros internacionales la necesidad de llegar a un acuerdo global a este respecto -una tasa al carbono mundial- pero como esa medida no se ha producido aun actúa por su cuenta.
La propuesta de aplicará mediante el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) y ha sido muy bien acogido por las principales industrias europeas –en España las siderúrgicas, por ejemplo- que venían reclamando insistentemente alguna solución a lo que consideran una competencia creciente de terceros países, en especial China, Turquía, Rusia y el Reino Unido.
Los negociadores por parte de las instituciones europeas consideran que este movimiento obligará a la comunidad internacional a tomar medidas al respecto con lo que será un activo para mejorar el medio ambiente. Y han insistido en que es la primera medida de este tipo que se toma en el mundo. La primera fase de aplicación del procedimiento será la de recabar información sobre las informaciones de todos los productos antes de aplicar una tasa sobre cada que podría demorarse hasta 2026.
