La propuesta de Biden, que busca romper el estancamiento en las conversaciones globales, daría a los países el poder de aumentar los impuestos a los gigantes tecnológicos estadounidenses y otras grandes multinacionales, introduciendo una tasa impositiva corporativa mínima global. Eso sería un golpe para Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Chipre, todas bases populares de las empresas más grandes del mundo, que han defendido ferozmente su derecho a fijar el impuesto de sociedades al nivel que elijan.
A pesar de esto, Dublin ha dicho estar “a favor de un acuerdo” ya que “puede traer estabilidad al marco fiscal internacional”. Hans Vijlbrief, el secretario de Estado de Finanzas de Países Bajos, cree que el plan Biden es un “gran paso hacia la búsqueda de soluciones globales y el desarrollo de reglas efectivas”. En la misma línea, Pierre Gramegna, ministro de Finanzas de Luxemburgo, piensa que ayudaría a crear un “campo de juego nivelado global”.
“Pocos países criticarán los planes para erradicar la evasión fiscal. Pero es sólo cuando empiezas caminar que algunos países caminan en otra dirección”, avisa a Financial Times Tove Maria Ryding, gerente de políticas de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo en Bruselas.
La facilidad con la que las mayores multinacionales del mundo pueden canalizar sus beneficios a través de estas jurisdicciones para reducir su carga fiscal general ha sido durante mucho tiempo motivo de queja entre las principales economías europeas que pierden los ingresos generados en sus países.
Sin embargo, cualquier nuevo impuesto a nivel de la UE requiere el acuerdo unánime de los 27 estados miembros, otorgando un veto a los gobiernos que protegen ferozmente sus derechos tributarios. Como resultado, los ministerios de finanzas de la UE han estado luchando durante años para acordar políticas a nivel de bloque para erradicar la evasión fiscal multinacional, con pocos resultados.
A principios de este año, países como Irlanda, Malta y Luxemburgo se opusieron a los planes de la UE para obligar a las multinacionales con más de 750 millones de euros en facturación anual a informar cuántas ganancias obtuvieron y los impuestos que pagaron en todos los estados miembros de la UE.
En parte esto explica por qué las propuestas estadounidenses fueron recibidas con relativa calidez: el acuerdo que se está negociando a través de la OCDE cubriría 135 países y a todas las empresas más grandes del mundo, lo que de hecho le quitaría la tarea a Bruselas.
Sin embargo, deja mucho espacio para la disputa sobre los detalles de cómo se implementaría el esquema. Según FT, es probable que la batalla más grande sea el nivel de la tasa mínima global. EEUU ha propuesto un impuesto de sociedades mínimo efectivo del 21%. Mientras que Países Bajos y Luxemburgo tiene tasas generales más altas que estas, el impuesto de sociedades de Irlanda es del 12,5%
En ese sentido, el Ministerio de Finanzas irlandés ha destacado que, en principio, aún no se había acordado una tasa mínima global. “Los países pequeños, como Irlanda, deben poder utilizar la política fiscal como una palanca legítima para compensar las ventajas de escala, recursos y ubicación que disfrutan los países más grandes”, ha señalado el ministro. “Al mismo tiempo, aceptamos que deben existir límites para garantizar que cualquier competencia sea justa y sostenible”.
El alcance de las propuestas de EEUU es también polémico en otras partes de Europa: Estados miembros como Francia e Italia han querido durante mucho tiempo imponer impuestos internacionales a los gigantes tecnológicos, pero Alemania podría buscar proteger a sus poderosos fabricantes de automóviles, que no estaban cubiertos por las propuestas iniciales de la OCDE pero que sí se verían afectadas por la propuesta de Biden.
En última instancia, las conversaciones de la OCDE deberán alcanzar un amplio consenso, dejando un amplio espacio para que las coaliciones de países se unan y diluyan elementos de las propuestas estadounidenses.
