Los menores migrantes no acompañados en España: sin datos oficiales desde 2019 ni condiciones dignas

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2.873 son los menores no acompañados (MENA) que han llegado a España en 2019 según los datos de la Fiscalía General del Estado. De los llegados en 2020 no hay cifras todavía, un hecho que las asociaciones y ONGs como Save the children y Fundación Raíces denuncian. La Fiscalía establece que a finales de ese año, en el país 12.417 menores bajo la tutela del Estado. Unas cifras que para las organizaciones no son reales. Al margen de las cifras, para Save the children y Fundación Raíces se está abocando a estos menores a situaciones de extrema vulnerabilidad por el Estado, sin centros adecuados a sus necesidades o viéndose en la calle una vez cumplen la mayoría de edad.

“Existe un problema muy grande de disponibilidad de datos oficiales y públicos: hay demasiadas fuentes que recogen supuestamente la información”, explica la experta en infancia migrante y refugiada de Save the children, Jennifer Zuppiroli. Para ella, desde las organizaciones como la suya es imposible tener datos globales de la situación. Con los que si trabajan son aquellos sobre la procedencia de los menores y las vías que han empleado para emigrar. “El primer colectivo son de niños y niñas marroquíes, luego ha habido un incremento de adolescencia argelina. También son de menores de Guinea o de Malí, estos últimos debido al aumento de los flujos migratorios a Canarias”, detalla Zuppiroli.

Las rutas van variando sustancialmente debido a los flujos migratorios, como comentaba la experta en infancia migrante, la ruta canaria está aumentado en los últimos tiempos. En el último año, habrían arribado a las costas canarias unas 3.980 personas según la agencia de noticias Europa Press, lo que supondría un aumento del 124% respecto al año anterior. En este sentido, los niños migrantes llegan a España de la misma forma que sus mayores, prioritariamente por la vía marítima, lo que se ha visto incrementado por la dificultad de cruzar las fronteras terrestres por la pandemia del covid-19.

La tutela del Estado

Jennifer Zuppiroli establece que una vez los menores no acompañados llegan al país se enfrentan a numerosas dificultades debido a la legislación que se les aplica. “Muchos centros de acogida no tienen personal especializado en las necesidades de la infancia migrante y refugiada”, comenta. Y añade que muchos de los centros no tienen tan siquiera traductores ni intérpretes. Tampoco estaría especializados en detectar necesidades de protección internacional y de asilo de los niños que estén en posibles situaciones de trata de seres humanos.

Otro de los problemas de los centros es la escolarización para la que existen muchos obstáculos. “Muchos de ellos llegan a edades muy próximas a la mayoría de edad, cuando la educación no es obligatoria. Hay una gran dificultad para encontrar estudios oficiales para ellos y que aprendan el idioma a tiempo”, concreta la experta de Save the children. “El tiempo de intervención que se fija es muy corto para poder responder a necesidades relacionadas con los estudios y la educación”.

El fin de la tutela del Estado de estos menores acaba una vez cumplen los dieciocho años. Muchos de ellos se enfrentan entonces a la vida fuera de los centros sin tener su documentación en orden. “Los dejamos nacer de un día para otro y convertirse en personas adultas en situación irregular en España, sin ningún tipo de apoyo”, declara Zuppiroli. Para ella, esto ocasionaría que sean cebo de posibles redes de explotación o acaben en la criminalidad: “Son un colectivo de gran vulnerabilidad”.

Menores en su documentación, mayores de edad para la Fiscalía

Una vez los menores llegan a territorio español se tienen que someter a pruebas que acrediten que están por debajo de los dieciocho, a pesar de que su documentación lo acredite. Esto es el procedimiento de determinación de la edad. “Un procedimiento que se inicia porque la Fiscalía no da validez a los documentos de identidad de los países de origen de los niños y niñas”, esclarece la presidenta de la ONG Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal. Según ella, no es que la Fiscalía considere que existe falsedad documental, sino que no da validez a determinados registros de ciertos países.

Entonces se realiza un protocolo para determinar la edad de estos menores. “Sin ninguna garantía, permitiendo que se realizan pruebas médicas consistentes en radiografías y exploración de genitales, incluso de niños que por su apariencia física claramente son menores”, detalla Reyzábal.

Si por este método se establece que son mayores de edad, aunque su documentación acredite lo contrario, se les deja en un “absoluto limbo”. “Se les dicta que son mayores solo a efectos de ese decreto. Por ello, no pueden acceder al sistema de protección. Eso significa que los niños se quedan con dieciséis años en su pasaporte, que nadie invalida, pero con un decreto fiscal que acredita que tienen más de dieciocho”, comenta la presidente de Fundación Raíces.

“No pueden acceder a los recursos de adultos y las asociaciones no podemos alquilar habitaciones en un hostal para ellos porque nos piden su documentación y pone que son menores”, denuncia. Por ello, para Reyzábal se les estaría negando a estos menores su condición de infancia y todos los derechos que se derivan de ella.

La vida después de los dieciocho

Emilia Lozano es residente de Hortaleza y durante los últimos años ha visto cómo ha ido creciendo el odio de sus vecinos hacia los menores no acompañados que comparten barrio con ellos. Ante esta situación no pudo quedarse de brazos cruzados y comenzó a interesarse por la vida de estos muchachos, lo que ocasiono que su casa acabará abriendo sus puertas a todos ellos y colocando regletas para que los menores pudieran cargar sus móviles mientras hablaban con sus familias.

De esta forme estuvieron unos meses, hasta que los chicos que mantenían relación con Lozano cumplieron la mayoría de edad. “Por la mañana cuando están comiendo llega un decreto de la Fiscalía al centro acreditando que ya son mayores. Entonces les dicen que esa noche ya no duermen allí. Yo no podía consentir que los chicos a los que yo conocía fueran a dormir en un parque”, recuerda Emilia Lozano. Fue entonces cuando empezó a acogerlos en su casa, a lo que se juntaron otras tres familias. “Estuvimos tres meses con los chicos en nuestras casas y luego les buscábamos un piso o un albergue para que pudieran dormir”, comenta.

Así nació la asociación que ahora preside: Somos Acogida. Que entre sus proyectos cuanta con una casa de autonomía en la Puebla de Almoradiel (Toledo), en la que ya viven dos muchachos extutelados. Uno de ellos, había Estado bajo la tutela de la Junta de Andalucía y una vez salió del sistema, viajo a Madrid a probar suerte y finalmente pasando un mes y medio durmiendo en el Parque Tierno Galván. Allí lo encontró un joven que conocía a Emilia Lozano, quien acogió al muchacho en su casa, antes de poder ir a la del pueblo. “Cuando vi a este chico, estaba totalmente desnutrido, era hueso y piel. Venía a comer a mi casa, y le tenía que dar varias veces al día alimentos para que su estómago fuera admitiendo comida”, rememora.

Ahora, desarrollará su vida en Almoradiel, donde la propuesta de Somos Acogida ha tenido una gran acogida. “Empezamos a buscar en verano a alguien que nos alquilará una casa que costará poco, entonces fui a la radio local a contar el proyecto y nos acabaron cediendo una casa en el centro del pueblo de 180 metros cuadrados”, explica. Además, el lugar fue arreglado gracias a la mano de obra de los habitantes del pueblo toledano. “Esta casa sirve de puente”, comenta Lozano.