Banco Popular
Aeris Invest, el vehículo inversor de la familia Luksic, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante el cual solicita que se anule la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no publicar un informe de valoración definitivo sobre la resolución de Banco Popular.
Según publica la agencia Europa Press, la demanda tiene por objeto recurrir la decisión adoptada por el organismo de no realizar una valoración definitiva de Banco Popular al considerar que la información facilitada hasta ahora es suficiente. Aeris Invest solicitó a la JUR a principios del mes de agosto la publicación del informe de valoración definitivo de Banco Popular.
El Despacho Roca Junyent -contratado por el grupo chileno- denuncia que la no elaboración de este informe definitivo es contraria a la ley e impide acceder a la información real de cuál era la situación real de Banco Popular en el momento de su resolución.
El socio de Roca Junyent Roberto Vallina ha explicado que, cuando se resuelve un banco, primero debe hacerse un informe provisional sobre su valor (integra dos partes, las valoraciones 1 y 2 provisionales), elaborado en condiciones de urgencia y sin toda la información necesaria, como aseguran que reconoce la propia Deloitte en su informe. Posteriormente, la normativa establece que se emita un informe definitivo (integra dos partes, valoraciones 1 y 2 definitivas) a posteriori, una vez resuelto y con una valoración completa.
Desde Aeris Invest, Ignacio Bulnes ha apuntado que Deloitte afirma en su informe provisional -publicado en febrero en versión censurada tras varios recursos- que esa valoración no es apta para la toma de decisiones, que se hizo de manera apresurada y que, independientemente de sus conclusiones, debe hacerse un informe completo para la toma de decisiones. En concreto, incluye 106 puntos en los que advierte de que la información no es completa.
Asimismo, el Despacho pone en cuestión la independencia de Deloitte, debido a que el informe provisional de la auditora reconoce que la firma tuvo conferencias telefónicas con la JUR y que el informe se modificó a solicitud del organismo europeo.
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