Juan Carlos I

Los letrados del Congreso reiteran su negativa a investigar al emérito ante otro intento de Podemos y socios

La Mesa de la Cámara analiza este martes la petición, que viene rechazando todas las iniciativas para investigar al padre de Felipe VI con los votos de PSOE, PP y Vox.

El Rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón
El rey emérito, Juan Carlos de Borbón. (Foto: José Oliva/Europa Press)

Los letrados del Congreso se han reafirmado en su opinión contraria a que la Cámara investigue las presuntas irregularidades que se achacan al rey emérito, desaconsejando admitir la última iniciativa registrada en este sentido por Unidas Podemos y socios habituales del Gobierno.

En concreto, la semana pasada el partido minoritario del Gobierno de coalición, junto con ERC, Bildu, Más País, Compromís y también Junts, el PDeCAT y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) registraron una iniciativa para que la Cámara investigue “los escándalos relacionados” con Juan Carlos I y la “implicación de algunos estamentos del Estado” para controlar la información sobre los mismos.

Este nuevo intento para que la Cámara abra pesquisas sobre las “presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real” y “sus cómplices” tiene como referente los contenidos del documental ‘Salvar al Rey’ producido por HBO, según admiten los propios firmantes.

La petición será analizada este martes por la Mesa del Congreso, que viene rechazando todas las iniciativas destinadas a investigar al padre de Felipe VI con los votos de PSOE, PP y Vox, cuyos representantes en el órgano de gobierno de la Cámara justifican su posición en la opinión de los letrados.

En esta ocasión, de nuevo, los servicios jurídicos defienden que no procede su admisión a trámite “teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional”.

En el documento de los servicios jurídicos, al que ha tenido acceso Europa Press, se citan los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. El primero consagra la figura del Rey como “inviolable” y no “sujeta a responsabilidad” y el segundo establece que el Jefe del Estado distribuye libremente la partida presupuestaria que recibe cada año.

Para defender la no tramitación de la comisión de investigación, los letrados se amparan también en la interpretación que sobre esta materia ha hecho la jurisprudencia del Constitucional y en los precedentes existentes en la Cámara.

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