“Entre 44 y 46… ¿Que pueda ser algo menos inaceptable que la de 44? Pues sí, evidentemente. Pero sigue siendo inaceptable, menos, pero inaceptable”, ha dicho en declaraciones a la prensa antes de entrar a la sede del Ministerio en el número 45 de la calle San Bernardo, recoge Europa Press.
Las siete asociaciones de jueces y fiscales han retomado este miércoles la negociación tras consultar con sus ejecutivas y delegados la segunda oferta que presentó el Ministerio para mejorar su propuesta en aras de evitar la huelga indefinida convocada a partir del 16 de mayo.
La de este miércoles es la tercera reunión que se celebra en el marco de la Mesa de Retribuciones en la que participan las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, así como los equipos de Justicia, de Función Pública, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que, como la APM, algunas asociaciones de jueces y fiscales todavía consideran que se trata de un importe insuficiente para hacer frente a “la pérdida de poder adquisitivo” que dicen arrastrar desde 2009.
Al hilo, han señalado que la oferta inicial de unos 44 millones de euros representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.
Las fuentes consultadas, sin embargo, han indicado que otras asociaciones ven con buenos ojos la propuesta económica de Justicia y estarían dispuestas a aceptarla para poner fin al conflicto.
Según fuentes cercanas a la negociación, la oferta de unos 46 millones se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 –como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales–, y hasta 490 euros para el Grupo 2 –fiscales de segunda categoría– y 450 euros para el Grupo 3 –fiscales de tercera categoría–.
Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron –tras dos meses de huelga– que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la administración de justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones y amenazan con una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.
La tercera reunión tiene lugar seis días antes de la fecha fijada para la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Aunque Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) indicaron que compartían el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el “estancamiento actual” del sistema judicial, desde un principio se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar “oportuno” esperar a las reuniones. Hasta el momento no han se han sumado a la convocatoria.
