Los investigadores salen a la calle contra el anteproyecto de la Ley de Ciencia

Laboratorio ciencia investigación

Imagen de un laboratorio.

Más de una veintena de asociaciones y sindicatos se han concentrado este lunes 7 de febrero en nueve ciudades de toda España para protestar contra la reforma de la Ley de la Ciencia, que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Las concentraciones han tenido lugar en: Madrid (frente al Congreso de los Diputados a las 13.30 horas), Barcelona (a las 18.30 horas frente a la Delegación de Gobierno), Valencia (18.30 horas en Plaza del Parterre) y a las 12.00 horas en ciudades como Sevilla, Zaragoza, Santiago de Compostela, Granada, Badajoz y Castellón.

El colectivo de investigadores, entre los que se encuentran FPU Investiga, Red Doctorandos, Ciencia con Futuro, Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), la CNT y CGT, lamentan que el anteproyecto no recoja algunas de sus demandas.

Así, recoge Europa Press, piden al Ministerio la elaboración de un Estatuto del Personal de la Investigación que regule sus derechos como trabajadores; la modificación de las retribuciones mínimas en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF); el desarrollo de la carrera profesional del personal técnico y de gestión; y la integración de todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia.

Del mismo modo, reclaman la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación (subcontratas), adoptando un modelo de contratación directa que garantice tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de su personal; la eliminación de la tasa de reposición para que todo el sector pueda crecer y estabilizarse; y el desarrollo de un marco claro de incorporación y carrera profesional de personal de investigación (investigador, técnico y de gestión) en las plantillas del Sistema Nacional de Salud.

Por último, demandan atención y protección a los colectivos más vulnerables, como mujeres, inmigrantes, LGTBIQ+, personas con capacidades distintas, así como a las enfermedades mentales sobrevenidas ante la precariedad, inseguridad laboral y/o acoso; y la creación de una Oficina de Integridad Científica nacional e independiente con poderes sancionadores y vinculada a la Oficina de Protección del Denunciante para proteger su identidad.

Indemnizaciones tras fin de contratos

El anteproyecto recogía una reivindicación histórica de los investigadores: el derecho a recibir indemnización tras el fin de un contrato. Sin embargo, el borrador establecía únicamente este derecho para aquellos contratos que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, que tiene que ser aprobada aún por el Consejo de Ministros para dar inicio el trámite parlamentario.

Tras las quejas de los investigadores, el Ministerio finalmente ha accedido a permitir que este derecho sea retroactivo, es decir, que también puedan recibirlo aquellos investigadores con un contrato ya en vigor, destaca la mencionada agencia.