Rafael Catalá acumula frentes abiertos. Por un lado, las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales han anunciado un calendario de movilizaciones que terminará en una huelga el 22 de mayo. Por el otro, los funcionarios de la Justicia le exigen una equiparación salarial entre todos los trabajadores del Estado que podría desembocar en una huelga.
Los cuatro sindicatos mayoritarios en el ámbito de la Administración de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla y los órganos centrales con sede en Madrid) han entregado personalmente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, un escrito en el que manifiestan su rotunda oposición a la situación laboral y retributiva que están padeciendo.
El documento cuenta con la firma de cerca de 10.000 trabajadoras y trabajadores. Es decir, más del 80% de la plantilla.
Los funcionarios le han entregado las firmas este mismo martes al mediodía, mientras otros compañeros se concentraban frente a la puerta del Ministerio de Justicia en aras de visibilizar un conflicto laboral que dura ya 10 años y que apenas se ha contado desde el foco mediático.
“Nuestras demandas son más antiguas, mucho más antiguas, que las de los policías y los guardias civiles. Sin embargo, nosotros no hemos tenido ningún Cataluña y nadie, ningún político, habla de nuestras exigencias”.
Estas exigencias pasan prioritariamente por el complemento específico, que es la razón por la que los funcionarios de Justicia del País Vasco cobran 6.000 euros más al año.
Según los funcionarios y delegados sindicales presentes en la concentración de este martes frente al Ministerio, “la solución no pasa por reducir su salario, pasa por incrementar el nuestro”.
Según CCOO, UGT y CSIF, “está muy bien que en sus discursos se reconozca el trabajo de los funcionarios de Justicia, pero es hora de pasar de las palabras a los hechos y de negociar una mejora retributiva y del resto de condiciones de trabajo del personal no transferido”.
La última actualización de las retribuciones fue en 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia. En aquella ocasión las medidas de presión fueron más contundentes: dos meses de huelga.
En estos momentos no han convocado ninguna huelga en las próximas fechas. Aun así, los trabajadores de la Justicia muestran su posicionamiento a favor de ese paro ya que consideran que existen razones fundadas para un incremento salarial sustancial, como son el recorte en las retribuciones sufrido en 2010 y las sucesivas congelaciones salariales producidas los años siguientes, el incremento de las cargas de trabajo, la implantación de las nuevas tecnologías y la progresiva implantación de la oficina judicial y fiscal.
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