El abogado de la familia Franco, Antonio Gil, ha trasladado, en la vista sobre las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en relación al pazo de Meirás –el inventario de los bienes y la prohibición de trasladarlos hasta que lo acuerde la jueza–, que sus clientes estarían abiertos a la posibilidad de permitir que los bienes queden en el inmueble mediante un acuerdo previo «y el pago de un precio razonable, aunque sea simbólico».
Lo ha hecho ante la próxima ejecución provisional de la sentencia por la que fueron condenados a entregar el inmueble al Estado, una entrega fijada para el 10 de diciembre y en la vista tras su escrito de oposición al inventario de los bienes acordado por el juzgado y tras pedir también que se les dé más plazo para la entrega provisional del inmueble, una petición que rechazan los demandantes.
A los escritos de la familia Franco, se sumó otra petición del Estado reclamando el depósito judicial de los bienes muebles hasta que no haya una sentencia definitiva, argumento rechazado por los herederos del dictador. Para esta petición, a la que se han adherido la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa, ha argumentado el abogado del Estado, Javier Suárez, la «alarma» generada por el anuncio de que iban a retirar los bienes del inmueble.
«Había datos que nos hacían aventurar que iba a haber un vaciado completo», ha expuesto. Además, los demandantes la han relacionado con la necesidad de dirimir, en su momento, que bienes estarían vinculados a la declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC).
«No fueron objeto de la sentencia», ha replicado el letrado de los Franco, quien ha desvinculado los bienes del propio inmueble. «La mayor parte de las cosas las pusieron ellos», ha dicho sobre la familia Franco, cuya petición de destrucción del inventario, una vez realizado, ha sido rechazada también por las administraciones personadas.
