Una de las políticas más importantes que se negociarán en los próximos meses es el mecanismo de ajuste fronterizo del carbono de la UE (CBAM por sus siglas en inglés), una herramienta que obligará a los importadores extranjeros a pagar un precio de CO2 equivalente al de las empresas del bloque comunitario. Su objetivo es evitar que los contaminadores se desplacen a jurisdicciones menos onerosas para evitar el pago del precio del CO2.
La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo quiere que la CBAM, que entrará en vigor a partir de 2026, se introduzca antes y sobre una gama más amplia de importaciones, de acuerdo con el informe que el eurodiputado laborista holandés Mohammed Chahim presentó ayer mismo, señala el diario británico.
Una de las partes más polémicas de la CBAM es la rapidez con la que se eliminan los créditos de CO2 gratuitos concedidos a las industrias de la UE que pagan el precio nacional del CO2 en Europa. La introducción de la CBAM pretende contribuir a igualar las condiciones entre los productores de electricidad, acero, cemento, hierro y fertilizantes de la UE y los de fuera de ella, eliminando así la lógica de los derechos gratuitos.
El proyecto de texto de la Comisión Europea, publicado el pasado verano, proponía una eliminación gradual a partir de 2026, siendo 2036 el año en que se eliminen todos los créditos gratuitos.
En su informe, Chahim pretende que la CBAM entre en vigor antes, a través de la eliminación progresiva a partir de 2025 y la eliminación por completo a finales de 2028. Las industrias europeas, como la siderúrgica, son grandes beneficiarias de estos créditos, cuyo precio refleja el coste actual récord del CO2, que alcanzó los 90 euros por tonelada el mes pasado.
Los gobiernos de la UE, que desconfían de las ventajas de la CBAM, presionarán para que se amplíen los plazos y se proteja a las industrias de los elevados costes de la contaminación, y los fabricantes de acero ya han intensificado sus presiones, señala Financial Times. Los Estados miembros tendrán que acordar su posición antes de las negociaciones finales con los eurodiputados este año.
