Ha sido una negociación larga, con muchas dificultades y que ha estado estancada durante mucho tiempo. Ahora bajo la presidencia francesa se ha logrado un acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que se trasladará a una Directiva de obligado cumplimiento en toda la UE y que entrará en vigor a partir de junio de 2026. Las empresas que no la cumplan podrán ser sancionadas.
También se establece que al menos el 33% de los puestos denominados senior, entre ellos directores, gerentes y altos responsables, también serán cubiertos por el sexo con menor representación en esa escala. También se prevé que en caso de dos candidatos de diferente sexo a un mismo puesto con igual cualificación se preferirá al del sexo menos representado.
La medida afectará a las grandes empresas y no será obligatoria, en ningún caso, a las que empleen a menos de 250 trabajadores. Una vez publicada la Directiva en el Boletín de la UE los países tendrán dos años para adaptar la legislación nacional a estas nuevas obligaciones.
Por parte española ha participado en la parte final de la negociación el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, quien considera que “la adopción de esta Directiva es un paso en la buena dirección, en tanto que convertirá a las grandes empresas cotizadas europeas en un ejemplo a seguir, no sólo para el resto de las empresas de nuestro continente, sino también para compañías que operan en otros países alrededor del mundo”. Por su parte la socialdemócrata holandesa, Lara Wolters, una de las autoras del documento final por parte del Parlamento ha indicado que “todos los datos que hemos recogido demuestran que la igualdad de géneros en las sociedades no se obtienen por azar. La diversidad en los consejos refuerza los procesos de decisión y consigue la mejora de los resultados”.
La Directiva prevé también que las compañías deberán respetar estándares de transparencia en sus procesos de selección de ejecutivos para asegurar que no se producen discriminaciones. Si bien en algunos países de la UE medidas similares ya se llevan poniendo en practica desde hace años, en otros, especialmente en el este del continente, van con mucho retraso en este sentido.
La primera propuesta sobre esta materia fue presentada por la Comisión en 2012 pero los estados representados en el Consejo se han resistido hasta ahora, pese a la intensa presión de los parlamentarios. El hecho de que Francia sea un país que ha avanzado mucho en este campo y que ahora presida la UE ha influido decisivamente el acuerdo final según los observadores.