Los cargos del sistema eléctrico subirán un 39% en 2025, después de años rebajados por la crisis energética

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado a audiencia e información pública el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2025 y por la que se aprueba el reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

En concreto los cargos netos para 2025 ascienden a 3.526,54 millones de euros, frente a los 2.532,74 millones de euros que supusieron este año -todavía sin liquidar-.

Según adelanta ‘Cinco Días’, estos cargos subirán un 33% para un consumidor tipo, el que utiliza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con 3,5 kilovatios (kW) de potencia contratada y 213 kW de consumo al año, mientras que en cuanto al coste total agregado, la subida en 2025 respecto a 2024 será de ese 39%.

Según consta en la memoria de proyecto de orden, el importe total de los costes del sistema eléctrico asciende a unos 7.445,87 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos ascienden a unos 3.919,33 millones de euros, fundamentalmente provenientes de las figuras impositivas de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y de las subastas de derechos de emisión de CO2, lo que dejaría un importe de cargos netos a financiar por los consumidores de 3.526,54 millones de euros euros.

Dentro de la parte fija del recibo de la luz, los cargos, cuya fijación corresponde al Gobierno mientras que los peajes son establecidos por la CNMC, son un tipo de costes del sistema eléctrico que, básicamente, corresponden a la retribución de las renovables históricas, la amortización de la deuda generada entre 2000 y 2013 por déficit de tarifa, y el coste extra en las islas, Ceuta y Melilla. En 2025 ascenderán a unos 7.400 millones de euros.

Se financian con tributos específicos, con parte de la recaudación de las subastas de CO2 y con pagos directos de los consumidores por medio de la parte regulada de la factura mensual, sobre la que se cargan unos 3.500 millones de euros.

Para hacer frente a la crisis energética, el Gobierno redujo los cargos en otoño de 2021 y los ha mantenido un 55% por debajo del nivel precrisis en los últimos ejercicios. La diferencia se ha cubierto con superávit de años anteriores y aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De esta manera, una vez superadas las mayores tensiones de precios, se ha optado por «volver a la normalidad y mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico, pero con menor incidencia sobre los consumidores», indicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

UN 25% INFERIOR AL REPRECUTIDO EN 2019

No obstante, el importe de la parte regulada de la factura (cargos y peajes) repercutidos en la factura de los consumidores en 2025 será un 25% inferior al repercutido en 2019.

De esta manera, sumando todos los importes, la factura prevista para 2025 para un consumidor residencial es un 7% superior a la de 2019, «muy inferior a la inflación acumulada de estos años (del orden del 18%)», añadieron fuentes ministeriales.

Además, consideraron que el trabajo con los cargos es solo una parte de la labor realizada en el ámbito energético, ya que si antes de la crisis los hogares pagaban más por la electricidad que la media europea, ahora pagan menos, según Eurostat. Así, señalaron que la electricidad en el mercado mayorista será en 2025 un 30% más cara en Alemania, de acuerdo con los contratos de futuros.

«Esta ventaja competitiva de España se incrementará en los próximos años, gracias a las renovables. Recientemente el Banco de España calculaba que en 2030 la electricidad será un 50% más barata que en la actualidad», recordaron.

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