En caso afirmativo, la reactivación del paro tendría lugar en julio, aunque el día todavía está por decidir, toda vez que la plataforma ha dado el 30 de junio como fecha límite para obtener una respuesta por parte del Gobierno a sus reivindicaciones.
No obstante, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del paro que tuvo lugar en marzo, se comprometió a aprobar una ley que prohíba trabajar a pérdidas, basándose en los principios de la ya existente Ley de cadena la alimentaria, antes del día 30 de julio, por lo que aún quedaría un mes.
En cualquier caso, recoge Europa Press, desde el sector explican que la decisión de trabajar a pérdidas recae sobre cada una de las empresas transportistas que deciden hacer un servicio a un cliente por un precio ya pactado. Pero la competencia entre las empresas y los autónomos hace que se acepten pedidos que, con los actuales precios de los carburantes, no sean rentables.
En diciembre, el sector, representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano legítimo de interlocución con el Gobierno, ya consiguió una serie de medidas al anunciar la convocatoria de un paro que finalmente no tuvo lugar tras obtener respuesta a sus reivindicaciones.
Precisamente, una de estas medidas era una cláusula de revisión de precios para que, en el caso de que suban los costes de los carburantes, el precio adicional se lo puedan trasladar a sus clientes. También se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros, se reforzó la inspección, se redujo a una hora los tiempos de espera y se asignaron 20 millones de euros a crear áreas de descanso seguras en las carreteras.
Por ello, el CNTC no participó en el paro convocado por Plataforma Nacional en marzo, que reivindicaba medidas como limitar la presencia de empresas extranjeras en territorio nacional o la jubilación a los 60 años y la anticipada a los 58 años, a pesar de que es una asociación de empresarios y no de trabajadores.
De ahí que se le denomina paro patronal y no huelga, y por ello también los asalariados no pueden dejar de trabajar, sino que es su empresa la que decide si para o no, a no ser que los ‘piquetes’ (un derecho reconocido no obstante en caso de huelga, pero no de paro) pinchen las ruedas de los camiones que conducen los asalariados, como ocurrió en marzo.
Otras de las reivindicaciones de la plataforma fueron atendidas en marzo, gracias a la interlocución del CNTC con el Ministerio y a la gran presión que produjo el paro, como la devolución del ‘gasóleo profesional’ de forma mensual y no trimestral como hasta ahora, los 1.000 millones de euros en ayudas o los 20 céntimos de descuento en la gasolina.
Más allá de las demandas del colectivo, Plataforma Nacional quiere canalizar las tensiones que existen actualmente en el sector, preocupado por la continua alza del precio de los carburantes, que cada día bate nuevos récords históricos por el impacto de la guerra en Ucrania y la dependencia de Rusia en materia energética.
Aviso de la cadena alimentaria
Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias y las asociaciones empresariales FIAB, AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, CEDECARNE, FEDEPESCA, Hostelería de España y Marcas de Restauración, representantes de los sectores agroalimentario español y de la hostelería, han coincidido en señalar que la cadena agroalimentaria “no puede permitirse un nuevo paro” del sector del transporte por carretera.
“Ante los anuncios relativos a la posibilidad de que se reproduzcan los incidentes que provocaron problemas en la cadena de abastecimiento de productos básicos de alimentación el pasado marzo”, afirma que el sector productor, la industria y la distribución alimentarias, “muestran máxima preocupación por las graves consecuencias que un nuevo paro podría tener sobre las empresas y sobre los consumidores”.
