“Más varapalos judiciales ya no puede sufrir la Comunidad de Madrid”. La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) ha reclamado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que recupere ya las 3.000 viviendas vendidas al fondo buitre Azora-Goldman Sachs después de que la justicia haya determinado que la nulidad de esta operación alcanza a todos los inmuebles y no a un caso concreto.
Los afectados exigen a la Comunidad que “cumpla con los autos de los tribunales y, cuanto antes, inicie los trámites para recuperar la totalidad de los pisos y nosotros los derechos como adjudicatarios de vivienda pública protegida que perdimos en 2013”. Así lo defiende Montse González, portavoz de la AVVI, que muestra su alegría por las últimas decisiones judiciales relativas al caso, “que suponen el preludio del fin de un calvario que dura ya demasiado”.
Asimismo, el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, destaca la importancia de esta noticia. “Aunque la Comunidad de Madrid puede presentar un escrito de apelación, es muy poco probable que salga adelante, lo que nos sitúa al final de uno de los casos más vergonzosos de nuestra historia reciente”. Según remarca, “los tribunales nos han dado la razón de forma contundente, por lo que exigimos al Gobierno regional que se siente a negociar de inmediato la recuperación de todas las viviendas y locales malvendidos, compensando a las miles de familias afectadas, velando por fin por sus intereses y derechos como madrileños y madrileñas beneficiarios de vivienda pública”.
Villalobos espera que el Ejecutivo regional “deje de obstruir a la justicia, como ha estado haciendo todos estos años, y de martirizar a unas familias que, por su difícil condición, debería de haber apoyado en todo momento”.
El juzgado requiere a Azora Gestión y Encasa Cibeles, filiales de Goldman Sachs que en estos momentos gestionan las viviendas otrora públicas, “que se abstengan y cesen de cualquier actuación tendente a la enajenación de cualquiera de dichos inmuebles, bajo apercibimiento de que, de desobedecer dicho requerimiento, pueden incurrir en la responsabilidad penal correspondiente”, detallan desde la asociación de afectados. Esto se traduce en que prohíben “que se desprendan, vendiéndolos a terceros, de los pisos que forman parte del caso”.
Asimismo, se obliga a la Comunidad iniciar sin demora la reversión de la operación que ejecutó en 2013. De hecho, requiere a la Agencia de la Vivienda Social que “en el plazo de diez días proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada”.
Ante esto, la FRAVM pide al Ejecutivo autonómico abrir una mesa de diálogo con las familias afectadas y las asociaciones vecinales para estudiar cómo llevar a cabo esta reversión y restituir los derechos de los hogares involucrados.
