Gaspar Llamazares y María Garzón, dirigentes de Actúa.
Actúa quiere endurecer las penas por financiación ilegal de partidos políticos. Así lo ha afirmado este martes su candidato a las elecciones generales, Gaspar Llamazares, que ha detallado las propuestas de la formación para luchar contra la corrupción. Entre ellas, propone rebajar el umbral de 500.000 euros a 150.000 para el delito de financiación ilegal, así como bajar a 50.000 euros la cantidad defraudada para que se considere fraude fiscal.
Este partido lamenta que desde la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy del Gobierno no se hayan tomado medidas “para que la ciudadanía desafecta vuelva a confiar en la política como servicio público”. Es más, Actúa destaca que el debate a cuatro de RTVE “también puso de manifiesto que la corrupción no es una preocupación de los partidos con más intención de voto”. De ahí que hoy hayan puesto sobre la mesa un paquete de propuestas al respecto.
“Actúa quiere bloquear las puertas giratorias, elevando a cinco años la prohibición de empleo de ex cargos públicos en empresas a las que hayan beneficiado con su gestión”, ha explicado Llamazares. “Asimismo”, ha continuado en un acto este martes, “consideramos necesario crear un registro de lobbies o grupos de interés como requisito imprescindible para concertar reuniones o encuentros de todo tipo con cargos públicos”. A esto hay que sumar lo que ha denominado como “huella legislativa”. Se trata de “una lista indicativa de los representantes de los grupos de interés consultados y cuya participación ha sido significativa” a lo largo de la preparación de un informe.
Además sostiene la necesidad de “un código ético y deontológico para los cargos públicos, con la obligación de presentar anualmente por registro una declaración de bienes patrimoniales, intereses y actividades profesionales como condición previa a la entrega de su acta de posesión y otra al término de su mandato”.
Otra de las iniciativas que defiende esta formación pasa por la creación de un Registro de Denuncias de indicios de corrupción y fraude “que sea garantista para el alertador, incentivando a los/as empleados/as públicos/as que denuncien malas prácticas e indicios de corrupción y garantizando su inmunidad”.
La creación en la Fiscalía del Tribunal Europeo de Justicia de una Sala de “persecución de los delitos contra el derecho humano al medio ambiente” también aparece entre las medidas defendidas por Llamazares y los suyos.
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