Lío por la nueva Ley del Suelo de Ayuso: “Una vuelta a las políticas del ladrillo”

La reforma de la Ley del Suelo que ultima la Comunidad de Madrid no es más que “una vuelta a las políticas del ladrillo”. Partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales alzan la voz contra los planes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de modificar esta norma. En concreto, en lo relativo al procedimiento de licencias urbanísticas. Y todo, “sin el más elemental tiempo para la discusión y el debate”, denuncian, ya que se llevará directamente al pleno de la Asamblea regional para que se vote a favor o en contra.

“No está justificado que una vez más se utilicen atajos para la reforma de una Ley que es fundamental para esta región”, afirman estos colectivos en un manifiesto, en el que destacan que “es necesaria la redacción de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo para la Comunidad”, pero “con la debida seguridad jurídica y el respeto a la normativa sectorial y estatal de carácter ambiental y urbanístico y de defensa del patrimonio histórico”. Una modificación en la que los sectores afectados, los grupos políticos, las entidades y agentes sociales, así como la ciudadanía “puedan dar su opinión”, no como ahora.

Según los firmantes de este texto, que recuerdan que el PP ya intentó sin éxito en la pasada legislatura cambiar esta norma, “volvemos a las andadas, pareciendo esta modificación una declaración de principios de lo que puede venir en un futuro cercano”. Además de “culpabilizar a la administración local por la lentitud y demora en la tramitación de proyectos”, la iniciativa presentada por el Ejecutivo de Ayuso “supone apostar de nuevo por la construcción”.

“Una vuelta a las políticas del ladrillo que tanto daño hicieron al desarrollo equilibrado de nuestra región en el pasado”, aseguran PSOE, Podemos, IU, CCOO, UGT, la PAH o la FRAVM, entre otros. Para todos ellos la “excusa” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para emprender esta reforma con carácter urgente y “sin las más elementales garantías democráticas de debate y enmienda” no es más que “la necesaria reactivación económica”. “Con ello, nuevamente se culpabiliza a los controles urbanísticos y medioambientales de ser un freno al crecimiento económico y se opta por la vieja receta de la desregulación”, critican.

En su opinión, “no existe además ninguna prueba de que este tipo de desregulación pueda animar la economía de forma significativa, puesto que la mayor parte de la actividad constructiva seguirá necesitando obtener las licencias urbanísticas correspondientes, y solamente se facilitan un tipo de proyectos muy determinados”.

Dicho esto, exponen las consecuencias de esta reforma legislativa, que será una “vuelta a la lógica del ladrillazo dando facilidades a los promotores para construir al margen del control urbanístico y medioambiental, es decir, al margen de la ley”. Asimismo, dicen, supone “menos garantías para los consumidores” ya que “se podrán utilizar las viviendas y otros edificios sin comprobar que cumplen la normativa”. También traerá consecuencias para los trabajadores. “No se comprueba previamente que una obra haya adoptado las medidas de seguridad y salud en el trabajo” y “no garantiza saber quién es responsable de prevención de riesgos laborales en las obras”.

A todo esto hay que sumar, advierten, que “se podrán implantar usos ilegales, molestos o ruidosos en parcela y locales sin que nadie compruebe previamente su legalidad” y “proliferarán negocios e instalaciones que no cumplan normativa, perturbando al vecindario y al medio ambiente”.

La demolición de edificios de valor histórico y cultural “sin control previo” o la posibilidad de que se construya en suelo no urbanizable, son otras de las consecuencias de esta reforma critican los firmantes.

Por eso, instan al Gobierno de la Comunidad a que retire el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley del Suelo y que inicie un proceso de diálogo para “conseguir el mayor grado de acuerdo posible” en cuanto a la aprobación de una nueva norma.

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