«Los franceses han hecho amenazas completamente irrazonables, particularmente a las islas [británicas] del Canal [de la Mancha] y a nuestra industria pesquera, y necesitan retirar esas amenazas», declaró Truss al canal de televisión Sky News.
De lo contrario, agregó, «utilizaremos los mecanismos de nuestro acuerdo comercial con la UE para tomar medidas».
La activación del mecanismo de resolución de disputas, según la titular del Foreign Office, podría derivar en «acciones directas» en el ámbito comercial con respecto a Francia.
«Si alguien se comporta injustamente en un acuerdo comercial, uno tiene derecho a tomar medidas contra ellos y buscar algunas compensaciones. Y es lo que haremos si los franceses no retroceden», advirtió Truss. El problema, según la ministra, «debe resolverse en las próximas 48 horas».
El pasado miércoles, Francia impuso multas a dos pesqueros británicos en un control rutinario frente a Le Havre y desvió uno de esos barcos al muelle para traspasarlo a la autoridad judicial. El capitán del arrastrero Cornelis, Gert Jan, deberá comparecer el 11 de agosto de 2022 ante un tribunal por «actos de pesca marítima no autorizada» en aguas francesas, infracción que podría acarrearle una multa de 75.000 euros y sanciones administrativas.
Molesto por el escaso número de licencias de pesca que Londres concedió a barcos franceses, París había anunciado la intención de prohibir desde el 2 de noviembre el desembarco de pesqueros británicos en varios puertos de Francia y endurecer los controles sanitarios, aduaneros y de seguridad en relación con esos barcos y los camiones que viajan hacia o desde el territorio británico. También mencionó la posibilidad de limitar el suministro de energía eléctrica a islas británicas del canal de La Mancha, que la reciben por un cable submarino desde Francia.
La secretaria de Exteriores Liz Truss convocó la semana pasada a la embajadora de Francia en Londres, Catherine Colonna, a la sede del Foreign Office para que explicara «las decepcionantes y desproporcionadas amenazas hechas contra el Reino Unido e islas del Canal».
El Ministerio de Medio Ambiente británico comunicó a finales de septiembre que se otorgaron licencias a 1.700 embarcaciones de la Unión Europea para efectuar la pesca en la zona de 6 a 12 millas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido. Los buques franceses, de hasta 12 metros de eslora, recibieron 12 licencias, apenas una cuarta parte de lo que se había solicitado. Según las autoridades británicas, el resto de los barcos franceses no pudieron demostrar que habían faenado en las aguas costeras del Reino Unido.
El derecho a la pesca en las aguas británicas fue uno de los temas que centraron las arduas negociaciones entre la UE y Reino Unido en el periodo pos-Brexit. Se acordó que los pescadores del bloque podrían seguir faenando en esas aguas si demostraban que habían trabajado allí entre 2012 y 2016. La mayoría de los buques pequeños no están en condiciones de proporcionar tales datos porque carecen del sistema de geolocalización.
