La decisión de la UE de blindar sus fronteras a través de acuerdos económicos con países limítrofes amenaza con convertir a los refugiados en monedas de cambio (chantaje). Utilizar la presión migratoria como herramienta de negociación es una estrategia que durante años han empleado diversos países como Marruecos.
Sin embargo, la falta de compromiso social y humanitario de Europa con los refugiados puede dejarles (aún más) en el olvido y a merced de países que violan sistemáticamente los Derechos Humanos, como Turquía o Libia.
El país del norte de África pide ahora 20.000 millones de dólares a la Unión Europea a cambio de contener la inmigración durante los próximos 25 años. Basándose en el acuerdo UE-Turquía, por el que los turcos reciben 6.000 millones de dólares, los libios prometen controlar sus fronteras a través de la construcción de un muro de 4.000 kilómetros.
Además, según asegura el jefe de las fuerzas armadas libias, Khalifa Hafter, establecerán controles móviles en la frontera sur del país. Separados por 100 kilómetros, cada uno de ellos dispondrá de 150 guardias fronterizos.
Hafter asegura que cuenta con la colaboración del presidente francés, Emmanuel Macron, a quien ha asistencia militar, desde la formación de guardias fronterizos hasta armas y municiones, vehículos blindados, drones, detectores de minas, binoculares de visión nocturna y helicópteros.
Oxfam Intermón asegura que Libia «es un Estado fallido desde hace seis años», en el que «no hay un Gobierno al que se pueda tratar como tal y con unas Fuerzas Armadas que están en connivencia con las mafias”.
