El Ministerio prepara la norma después del escándalo detectado en el hospital público de Torrejón de Ardoz, un caso que ha acelerado la agenda legislativa. La titular de Sanidad anticipa una reforma profunda que afectará a los modelos de gestión, al control del lucro empresarial y al funcionamiento de las listas de espera.
La futura ley derogará la normativa de 1997 y establecerá nuevas reglas sobre integridad y gestión pública
La ministra insiste en que el objetivo central es reforzar la transparencia y garantizar que ningún operador privado condicione la atención sanitaria por motivos económicos.
La reforma que derogará la ley de 1997
Mónica García explicó que la nueva ley sustituirá por completo la norma aprobada en 1997, que regulaba las formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Según la ministra, ese marco permitió una “perversión de la colaboración público-privada” que dio pie a modelos orientados al beneficio económico.
La nueva legislación, afirmó, será “más amplia”, establecerá límites claros al ánimo de lucro y fijará requisitos estrictos para cualquier contratación externa. “Protege y blinda la sanidad pública frente a la entrada de fondos de inversión”, aseguró.
El Gobierno prevé llevar el texto al Consejo de Ministros a comienzos de 2026
García confía en que la norma quede aprobada durante esta Legislatura y ha confirmado que el Ministerio está cerrando los últimos detalles técnicos.
Un control integral sobre las listas de espera
El Ministerio trabaja también en un real decreto de listas de espera que permitirá seguir el recorrido completo de un paciente desde atención primaria hasta la intervención quirúrgica. El objetivo es convertir un proceso actualmente “opaco” en un sistema con trazabilidad obligatoria.
Según García, hoy las listas “son cajas negras”, especialmente en cirugía, donde el paso previo por servicios administrativos dificulta el seguimiento. El real decreto definirá tiempos, procedimientos y sistemas de información unificados.
Sanidad acusa a Madrid de “maquillar” los datos de demoras quirúrgicas publicados semestralmente
La ministra sostiene que los registros enviados por la Comunidad de Madrid al Ministerio no reflejan la realidad asistencial y que existen discrepancias entre los datos oficiales y los tiempos comunicados por profesionales y pacientes.
Investigación en el hospital de Torrejón
El Ministerio enviará a la Alta Inspección para investigar el funcionamiento del hospital de Torrejón, donde se detectaron prácticas que, según García, habrían priorizado beneficios frente a la atención. Tanto Sanidad como el grupo parlamentario Más Madrid acudirán a la Fiscalía por posible delito de lesiones contra pacientes afectados.
García lamenta que este tipo de actuaciones se produzcan en centros con gestión externa dentro de la red pública, lo que refuerza —dice— la necesidad de la nueva ley.
La ministra denuncia que ciertas prácticas de gestión han desviado recursos públicos y afectado a pacientes
La responsable de Sanidad concluye que el nuevo marco regulatorio busca impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse en cualquier territorio.
Principales medidas previstas en la nueva Ley de Gestión Pública
| Medida prevista | Objetivo |
|---|---|
| Derogación de la ley de 1997 | Actualizar el marco de gestión sanitaria pública |
| Límites al ánimo de lucro | Evitar que empresas con fines comerciales gestionen servicios esenciales |
| Nuevas reglas de contratación | Aumentar la transparencia y trazabilidad |
| Blindaje frente a fondos de inversión | Proteger recursos públicos y priorizar criterios asistenciales |
| Trazabilidad de listas de espera | Garantizar seguimiento completo de cada paciente |
| Refuerzo de la Alta Inspección | Supervisar centros públicos con gestión no directa |
