El documento ‘Autoconsumo en España: diagnósticos, retos y propuestas’, presentado este miércoles con motivo del Día del Sol, identifica las barreras a las que se enfrenta la ciudadanía para unirse al autoconsumo colectivo energético.
La organización, de la que forman parte Greenpeace, Fundación Renovables, Holaluz, UNEF, Ecoo y Avaesen reclama a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales que sigan impulsando el autoconsumo y se comprometan a diseñar una normativa que ordene, clarifique, facilite y penalice su incumplimiento de forma decidida y contundente.
Para ello propone estandarizar un protocolo estatal que deban seguir todos los agentes implicados que sea transparente, sencilla, racional y digital, así como constante en el tiempo.
Las organizaciones que forman parte de la Alianza por el Autoconsumo exige solucionar las barreras normativas para defender la ley y a los ciudadanos por encima de los «intereses de las energéticas» y para impulsar las energías limpias en manos de la gente facilitará que los hogares españoles puedan beneficiarse de un precio más bajo en la factura de la luz y que, a su vez, las compañías instaladoras de autoconsumo puedan operar en ese mercado, hasta ahora vetado.
El trabajo apunta que el autoconsumo colectivo es prácticamente inexistente en España, pues representa apenas un 1 por ciento de las instalaciones más de cuatro años después de la publicación del real decreto que lo introdujo. En total, registra más de 500 casos de autoconsumo individual y colectivo bloqueados que afectan a casi 1.000 puntos de suministro, que suman 3,58 MW.
Entre las barreras de acceso, el trabajo refleja que los trámites administrativos innecesarios e injustificados, las demoras de las distribuidoras eléctricas y los requerimientos desproporcionados y continuados entorpecen el despegue del autoconsumo colectivo en España.
En la actualidad, España dispone de 5,4 GW de autoconsumo instalados y ha aumentado un 1.200 por cien desde 2018, pero apenas el 1 por ciento es colectivo. La mayor parte del autoconsumo se limita a las instalaciones que no necesitan permisos de acceso y conexión con las distribuidoras, como las residenciales de menos de 15 kW o las industriales sin excedentes.
Además, lamenta que aunque el autoconsumo colectivo está permitido en el marco normativo, en la práctica es inexistente porque los «procedimientos de las distribuidoras son el gran palo en la rueda».
El informe incluye 500 casos reales en los que expone que los procesos de las distribuidoras generan retrasos de meses o incluso años en la tramitación, especialmente en la solicitud del punto de acceso, la activación de las instalaciones o en la fase de contratación con la comercializadora.
Los retrasos en estos puntos, la obligación de realizar modificaciones en instalaciones de enlace o red así como la imposición de obligaciones sin respaldo legal han sido las mayores barreras para acceder al autoconsumo. En total, las instalaciones afectadas por estos retrasos recogidas en el informe suman una potencia de 3,58 MW, asegura el informe que destaca que, además, cada distribuidora tiene protocolos de actuación propios.
Por ello, la Alianza reclama la intervención de figuras como la del gestor del autoconsumo –previsto en la normativa– para ayudar a los consumidores en los procesos ante distribuidoras y administraciones y que, además, y por que considera que es «clave» para facilitar la activación de la flexibilidad distribuida.
RECOMENDACIONES
Por otro lado, el informe identifica la complejidad de los trámites administrativos para acceder al autonconsumo y propone simplicar los tramites y que estos sean transparentes, digitales y que se establezca un protocolo único que puedan seguir todos los agentes implicados.
Otra de las grandes barreras son los retrasos en la activación de la compensación de excendetes que pueden llegar hasta los dos años, cuando la regulación marca que no deben superar los dos meses.
