Las ONG piden a los gobiernos que respeten los derechos humanos al usar tecnologías de vigilancia por el COVID-19

Un grupo de ONG ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que respeten los derechos humanos a la hora de utilizar tecnologías como la geolocalización con los ciudadanos para combatir el coronavirus, y reclaman un uso «legal, necesario y proporcionado» de estos sistemas para evitar una situación de vigilancia masiva.

Esta petición se ha formalizado en un manifiesto conjunto al que se han unido 106 organizaciones de diversa índole de todo el mundo, entre las que destacan Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Privacy International y la Fundación World Wide Web.

El uso de medidas de tecnologías de vigilancia por parte de los estados puede incluir el acceso a los datos de ubicación del teléfono móvil, una práctica que «amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión en formas que podrían violar los derechos humanos», como alerta el documento.

Además, el uso de estas tecnologías de vigilancia supone también un riesgo de discriminación y «podría dañar de forma desproporcionada a comunidades ya marginalizadas», advierten.

«Estos son tiempos extraordinarios, pero las leyes de los derechos humanos siguen estando vigentes», defienden las ONG firmantes, que piden a los Estados que sus esfuerzos contra el coronavirus no se traduzcan en «una era de sistemas de vigilancia digital invasivos altamente extendidos».

Para evitar esta situación, el manifiesto propone varias medidas a los gobiernos, encabezadas por el recordatorio de que el uso de la vigilancia digital debe ser «legal, necesario y proporcionado», dentro de la ley y para objetivos de salud pública informados de forma transparente.

En las situaciones en que los gobiernos expandan sus tecnologías de vigilancias, las ONG piden que se haga de forma temporal y que su uso continúe solo mientras dure la pandemia, y no sigan en marcha de forma indefinida.

Asimismo, el manifiesto pide a los gobiernos que la información personal de los ciudadanos que se obtenga durante esta crisis, incluidos los historiales sanitarios, «debe tener un uso limitado» a responder a la emergencia sanitaria, y no usarse para otros fines para proteger la privacidad.

Otro aspecto importante es la ciberseguridad en el tratamiento por parte de los datos que hagan los Estados, así como evitar utilizar herramientas como inteligencias artificiales que contribuyan a sesgos raciales o contra poblaciones marginadas.

Además, el manifiesto reclama que la transmisión de datos entre instituciones debe respetar la legislación vigente y anunciarse de forma pública para evitar que estos datos lleguen a terceros, como tampoco a agencias de inteligencia.

Por último, las ONG proponen que las medidas contra el COVID-19 que impliquen la recolección de datos personales «deberían incluir medios para permitir la participación libre, activa y significativa» de expertos de salud pública y representantes de grupos marginados.

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