El Gobierno envía este lunes, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el borrador del proyecto presupuestario a Bruselas. Y se suceden los análisis sobre el acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para las cuentas públicas de 2019. Para los Afectados por la Hipoteca (PAH) hay muchas ‘lagunas’ en materia de vivienda en el pacto del Ejecutivo y Podemos, al que califican como “insuficiente punto necesario de partida”.
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las medidas sobre Vivienda que se incluyen en este acuerdo presupuestario suponen “avances en materia de alquileres, algunos de los cuáles están incluidos en la Ley de Vivienda de la PAH, aunque otros quedan muy por debajo”. Por ejemplo, la ampliación de la duración mínima de los contratos y la mejora en las prórrogas “mejoran la situación, pero resultan claramente insuficientes para pinchar la actual burbuja de precios y dotar de estabilidad los proyectos de vida más largos y de estabilidad”. Y es que, la ley de Vivienda de la PAH fija 10 años de contrato y cinco de prórroga. Muy por encima de lo que se recoge en el mencionado pacto.
Asimismo, este colectivo censura que no haya medidas “para movilizar la vivienda vacía, o su uso temporal como parque público”. La Plataforma defiende la necesidad de que se defina legalmente “qué es una vivienda vacía, y quienes son grandes tenedores de vivienda” para tomar cartas en el asunto y, entre otras cosas, “gravar fiscalmente a esas viviendas en manos de especuladores que las retiran del mercado para incrementar artificialmente los precios tanto de alquiler como de compra”.
“El plan de 20.000 viviendas en cuatro años”, continúa la PAH, “es claramente insuficiente, y su llegada, aunque positiva, no aliviará la situación actual”. “Se habla de un nuevo Plan de Vivienda, aunque no se dice nada de derogar o modificar el actual del gobierno anterior”, critican los Afectados por la Hipoteca, que también fijan su mirada en la Sareb.
En concreto, la PAH apunta que “se habla de establecer un plan de colaboración de la Sareb para destinar vivienda a alquiler social”. Algo que “es positivo si mejoran las condiciones actuales de los convenios” y lamenta que en este acuerdo “no se dice nada de Bankia, de prohibirles expresamente que sigan vendiendo casas y suelo, que pueden ser utilizados para Parque Público, así como de su función como Banca Pública para la financiación de los diferentes proyectos de Vivienda Pública”.
Sin embargo, sí que ven cosas positivas, como que las socimis “empiecen a pagar impuesto de sociedades”. “Debieran hacerlo al mismo nivel que las demás sociedades, incrementando sus impuestos por número de casas injustificadamente vacías, una vez sea definido el concepto”, sostiene este colectivo. Pero las críticas continúan ante lo que consideran como un “estruendoso silencio”.
“Ni una sola mención a los desahucios en el acuerdo, cuando sólo en los seis primeros meses de 2018 se han producido 33.059, si no se adoptan medidas ya, a finales de año se habrán producido en torno a 70.000”, aseguran desde la PAH.
La única mención al respecto se refiere a que “se impulsará la aprobación parlamentaria de la normativa que refuerce la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y sus implicaciones y se reforzará la atención a coordinación entre los órganos judiciales y la política social”. Según el documento del acuerdo presupuestario, “se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional”.
Por todo esto para la PAH este pacto Sánchez-Iglesias es “un punto de partida muy insuficiente aunque necesario” y es “consecuencia directa de las luchas que venimos desarrollando desde hace nueve años”. Este colectivo confía en que “pueda ser mejorado tanto en el trámite parlamentario como en las negociaciones” que se sucederán entre Gobierno y partidos.
