La magistrada Concha Roig, miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) -la asociación más progresista-, ha reconocido que le ha sorprendido que haya habido «una sorpresa» por la rebaja de las penas de prisión a condenados por abusos sexuales a menores al considerar que la reforma del Código Penal resulta más favorable al reo.
«Es una aplicación normal habitual desde la aprobación del Código Penal de 1995. No cabe el arbitrio judicial, no se trata de volver a determinar la pena e interpretar los hechos: es una interpretación taxativa», ha señalado en declaraciones a Europa Press.
Roig ha explicado que esta reducción de las penas puede encontrar su justificación en que no se haya «tenido en cuenta» que podía pasar en el momento de la redacción de la ley. «La única forma de haberlo evitado habría sido que no hubieran modificado las penas, pero eso es política criminal. Me sorprende que haya sido una sorpresa», ha insistido.
«LOS MAGISTRADOS APLICAN LA LEY COMO TIENEN QUE HACERLO»
«Cuando se legisla sin prestar atención a lo que se informa por los órganos que tienen obligación de advertir se corre el riesgo de que pasen este tipo de cosas. Ahora no vale llamar machistas a los jueces. Es infantil y absurdo», ha asegurado el miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Juan José Carbonero en declaraciones a la misma agenda.
A su juicio, no se trata de una «aplicación indebida de la ley por un juez» de forma aislada. «Los magistrados aplican la ley como tienen que hacerlo, en la medida en que no se puede dejar de aplicar la retroactividad. El Consejo General del Poder Judicial les advirtió y nadie les hizo caso», ha explicado.
El magistrado de la APM se ha referido de esta forma al informe emitido en febrero de 2021 por el órgano de gobierno de los jueces sobre la actual Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que por aquel entonces era un anteproyecto. En el mismo, el CGPJ explicaba que el cuadro penológico contemplado para los delitos de agresiones sexuales suponía «una reducción del límite máximo de algunas penas».
Carbonero ha recordado que, aunque los «informes no son vinculantes, un legislador responsable debe hacer caso del contenido» de los mismos. «Nos echamos las manos a la cabeza, pero cuando se corre se corre. Y se corre el riesgo de que determinado tipo de cosas no salgan todo lo bien que deberían», ha alertado, en relación a las prisas con las que se sacó adelante la nueva ley.
A su juicio, todo se reduce a una «cuestión de buena técnica legislativa», por lo que ha puesto en duda lo que considera una estrategia errática desde Igualdad. «Es humo cuando se habla de jueces machistas y se desconoce la realidad. No tiene sentido tildar a los que vamos a aplicar la ley cuando el resultado no es querido de machistas. Es peligroso entrar en una espiral de esta naturaleza», ha zanjado.
UNA CONSECUENCIA NO PREVISTA
En una línea similar se ha expresado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, que ha explicado que «el hecho de que se aplique» la ley «no tiene que alarmar a nadie». «Distinto es que» la reducción de penas, ha apuntado, «no fuera una consecuencia prevista o querida».
«Entonces tenemos un problema de falta de previsión del legislador. Entiendo que pueda llamar la atención, pero realmente sucede cuando se cambia el Código Penal y se despenalizan determinadas conductas o se rebaja la pena en algún delito», ha anudado Vaquero.
Con todo, el portavoz de la AJFV ha explicado que «la forma en que se aplica ahora» la ley no tiene porque ser «la definitiva», en tanto que «la jurisprudencia puede cambiar». «No hay que dar como si fueran las piedras de la ley. Parece cierto que es una cosa que se podía pensar por cómo había quedado la ley que podía suceder. Es la ley que hay, no es una sorpresa, si no lo han previsto es un problema que ahora no tiene solución», ha apostillado.
Vaquero también ha advertido sobre una hipotética modificación de la ley, una opción a la que se abrió este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. «Aunque cambiaran la ley todos se beneficiarían. Solo se aplicaría un cambio para el que cometa delitos a partir de la entrada en vigor del cambio. A todos los que fueron condenados se les aplica retroactivamente, aunque esté en vigor un solo día», ha señalado.
«REACCIÓN EXAGERADA Y DEMAGOGA»
El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) ha mostrado en declaraciones a Europa Press su indignación por una «reacción exagerada, desproporcionada y demagoga por parte de los responsables políticos, que ponen en el tejado del edificio judicial la pelota» que, a su juicio, «han montado ellos solos».
«No es un problema interpretativo, sino que en la ley donde decía 8 ahora dice 6. Que ahora digan que incumplimos la ley cuando estamos cumpliéndola la verdad que suena a lo que es. La descalificación y el insulto es el argumento de los que no tienen argumentos. Una reacción tan visceral y una huida hacia delante pone de manifiesto que se quiere matar al mensajero», ha lamentado.
En esta línea, Portillo ha dejado claro cuál es desde su punto de vista el origen de la polémica: «Se ha creado una expectativa falsa con esta ley. Es el problema de legislar desde la demagogia». Así, el magistrado ha criticado que se pretenda «vender una ley como una cosa que no es y luego sorprenderte porque se está aplicando».
A su juicio, los responsables políticos «contaban con que» estos resultados podían darse, «pero no le dieron la importancia» suficiente hasta ahora, cuando ha aflorado la «repercusión pública en contra del mensaje que defienden». «Y va a seguir habiendo absoluciones y revisiones, porque es el funcionamiento normal», ha concluido.
