Las asociaciones de fiscales coinciden para pedir que el Gobierno no nombre al fiscal general del Estado

José Manuel Maza, fiscal general del Estado
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Los problemas en la Fiscalía han hecho coincidir a las tres asociaciones de fiscales en una cuestión: que el Gobierno deje de tener la potestad de nombrar y cesar al fiscal general del Estado. Un reclamo que han lanzado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, tras unas semanas donde las dudas con este órgano se han dinamitado por los casos de corrupción.

Modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es el objetivo que han lanzado los fiscales a los diputados. Así lo ha determinado la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Concepción Talón; la vocal del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María de las Heras; y el portavoz de la Unión Progresista Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés.

Y es que un principio fundamental para este colectivo es la obligación de no olvidar “en ningún momento que la Fiscalía está separa del Poder Ejecutivo”. Para ello, para ganar independencia, es importante marcar que este órgano “no es en ningún caso ni correa de transmisión, ni elemento de comunicación entre el Gobierno y los tribunales”. De ahí, la exigencia de que el Ejecutivo no sea el encargado de nombrar al fiscal general del Estado.

La alternativa que ha propuesto Pallarés pasaría porque en una posible reforma del Estatuto Fiscal se introduzca que este cargo sea elegido por el Rey, a propuesta del jefe del Ejecutivo, pero con un matiz importante: antes debe tener el consenso mayoritario del Congreso de los Diputados.

Por otro lado, como ha recogido Europa Press, los tres representantes de los fiscales también han coincidido en comparar los sistemas judiciales de la mayoría de países europeos con el español, en los que el Ministerio Público son los que dirigen la instrucción de causas penales. “Estamos haciendo un papelón en Europa, no entienden nuestro sistema”, ha afirmado Pallarés.

Es por eso que han hecho un llamamiento a la “voluntad política” para que se dote de medios necesarios para que la Fiscalía sea la que dirija las investigaciones penales.