Fernando Romero, director general de EiDF, durante el toque de campana en la Bolsa de Madrid. - BME GROWTH
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó la semana pasada levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la compañía. En el momento de su suspensión, el pasado 14 de abril, los títulos de EiDF cotizaban a 29,76 euros.
La decisión del supervisor de permitir su vuelta al mercado se produjo tras ponerse a disposición del público información suficiente respecto a las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión.
Dicha información incluye las comunicaciones de información privilegiada realizada desde la fecha de la suspensión por la propia sociedad y el requerimiento adicional de la CNMV.
El supervisor acusó a EiDF Solar de no haber dado al mercado una información completa, omitiendo el resumen ejecutivo del informe forensic realizado por Deloitte, y de haber llevado a cabo «omisiones muy relevantes».
El pasado jueves, la CNMV hizo público un requerimiento que remitió a la compañía el pasado 21 de agosto en el que le comunicaba que la información que presentó la empresa en su momento, con sus cuentas reformuladas después de más de cuatro meses suspendida de cotización, era incompleta y podía «inducir a confusión al público».
En este escrito, el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura advertía a la empresa dirigida por Fernando Romero de que el informe forensic de Deloitte incluía un relato de hechos y evidencias «de gran trascendencia» para los accionistas de EiDF.
De ellos, destacaba las evidencias de «posible falseamiento de documentos por parte de la compañía, dada su especial relevancia». En relación con ello, añadía que PwC, el auditor de las cuentas del grupo, había tenido en cuenta este forensic en su trabajo, «que se ha materializado entre otros aspectos, en una limitación al alcance de su opinión de auditoría, dadas las debilidades de control interno identificadas en el forensic en estas materias».
Hace dos semanas, EiDF presentó sus cuentas reformuladas correspondientes al ejercicio 2022. El grupo, debido a las discrepancias con PwC, no pudo presentar sus cuentas del pasado ejercicio dentro del plazo legal, que expiraba a finales de ese mes de abril, y contrató, posteriormente, los servicios de Deloitte para llevar a cabo «una investigación tendente a analizar y a recabar evidencias relativas a incidencias y/o discrepancias» mantenidas con PwC en el proceso de auditoría de sus cuentas del año pasado.
Tras la presentación de estas cuentas, la CNMV apremió, en un escrito de requerimiento, a EiDF para que, «lo antes posible» y no más tarde de las 8.00 horas del pasado 24 de agosto, publicara la información adicional solicitada y el contenido íntegro del resumen ejecutivo del informe forensic.
La compañía no atendió la petición de la CNMV en plazo, por lo que el supervisor procedió a realizar un requerimiento de información adicional.
En concreto, la información requerida por la CNMV versaba sobre hechos como que en el informe se hablaba de que «en algunas de las actividades y operaciones con terceros analizadas se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos».
Asimismo, se señalaba que todos los deudores incluidos en el alcance del forensic presentaban «una vinculación directa e indirecta con Fernando Romero, el máximo accionista del grupo, y que, según el informe, «se identifican numerosas incidencias relativas, entre otras cuestiones, a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados, así como a la falsificación de documentos».
En este sentido, refiriéndose al informe forensic, advierte de que algún deudor «habría emitido facturas que no se corresponderían con servicios efectivamente prestados, por lo que podrían tratarse de facturas falsas».
Igualmente, la CNMV solicitaba información respecto a posibles discrepancias entre costes registrados en contabilidad y el grado de avance real de la obra recogidas en el informe.
Adicionalmente, el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura pedía a EiDF que comunicara que contratará un nuevo consejero delegado, tal y como recogía en la información que publicó el pasado 17 de agosto.
En este caso la compañía sí que remitió un comunicado en el que indicaba que la reordenación de funciones ejecutivas que anunció implica la contratación de un nuevo consejero o consejera delegada y que el plazo máximo para finalizar el proceso de incorporación será de seis meses.
La pasada semana también, EiDF defendió que las medidas que ha adoptado ya le permitirían que su fondo de maniobra negativo fuera positivo en 3,3 millones de euros en 2022.
En una información remitida al BME Growth, detallaba las medidas adoptadas para que este fondo de maniobra -que indica la liquidez a corto plazo y su capacidad para realizar las inversiones o compras necesarias en su funcionamiento del día a día- presente un saldo positivo.
En la reformulación de las cuentas de 2022 el auditor PwC advertía de que la compañía tenía un fondo de maniobra negativo por importe de 20,9 millones de euros.
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