Esta organización, que afirma englobar a pequeños y medianos transportistas, trasladó a principios de marzo sendas cartas a las ministras de Trabajo y de Transportes, Yolanda Díaz y Raquel Sánchez, con sus reivindicaciones. Un total de 24 peticiones entre las que no hay ninguna relativa al precio de los combustibles, que acapara la actualidad tras dispararse estos días.
La plataforma, en su misiva a la titular de Trabajo y Economía Social, recoge su exigencia de que los conductores profesionales puedan jubilarse a los 60 años, así como el reconocimiento de la totalidad de las enfermedades profesionales derivadas de esta labor y que se consideren accidentes laborales los sucedidos en los periodos de trabajo y disponibilidad dentro de la actividad.
A esto añaden la creación de un “convenio único estatal de obligado cumplimiento para los conductores asalariados con las condiciones económicas y laborales en base a los mínimos que refleja el Observatorio de Costes en la partida salarial en función de la clase de vehículo y el ámbito territorial”.
También “que se habilite la cuota de formación profesional que se viene pagando desde hace dos años, en igualdad a los conductores asalariados que ya la tienen habilitada a través de los seguros sociales desde hace muchos años”.
Más extensa en la lista de peticiones que hacen a Raquel Sánchez, a quién avisaron en su carta fechada el 5 de marzo de la “gravísima” situación del colectivo y “la imposibilidad de seguir prestando servicios a pérdidas”. Sus reivindicaciones son las siguientes:
-Prohibición de la contratación de los servicios de Transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación.
-Limitar la intermediación en el contrato de Transporte a un solo contratista.
-Plazo de pago máximo a 30 días por servicios los servicios de transporte.
-Prohibición por Ley de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos.
-Decreto Ley que obligue y limite las labores de carga y descarga de los camiones en un tiempo máximo de 1 hora desde su llegada, o desde la hora pactada.
– Cláusula de obligado cumplimiento para la facturación de forma automática junto al servicio de Transporte en Concepto de Paralización.
-Obligación del consignatario y destinatario de poner en los albaranes y/o carta de porte los horarios de llegada y de salida en los puntos de carga y descarga respectivamente, y en su defecto se dará por válida la lectura del tacógrafo.
-Control y seguimiento de las cooperativas de trabajo asociado en el transporte, cumplimiento de los requisitos legales como empresas de transporte.
-Compromiso firme de la Inspección de Transporte para dar cumplimiento a la limitación del cabotaje reduciendo a un solo viaje en los seis primeros días de entrada al país de acogida.
-Revisión de los acuerdos bilaterales en materia de transporte.
-Igualdad de tributación para los tráficos nacionales realizados por las empresas buzón en territorio español.
-Eliminación de las autorizaciones de operador de transporte.
-Modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de sanciones, notificaciones y requerimientos.
-Seguridad vigilada por parte del Estado en Áreas de descanso y Polígonos Industriales, para el correcto descanso y seguridad de los conductores, al igual que la correcta custodia a vehículos y mercancías.
-Creación de nuevas áreas de descanso que den respuesta al flujo actual de vehículos ubicadas en toda la red viaria.
-Espacios acondicionados y dignos para conductores en centros de carga y descarga, para la entrega y recogida de documentación, esperas y poder satisfacer unas mínimas necesidades de alimentación e higiene.
-Eliminación de las restricciones a camiones en periodos vacacionales y/o en puentes por días festivos.
-No a las 44 toneladas. La aprobación de esta normativa conllevaría para nuestro sector más precariedad y constituiría un incremento de la sobreoferta de transporte en más de un 10%, al igual y más importante todavía, la falta de seguridad en carretera para los conductores, así como el deterioro de los vehículos e infraestructuras.
-No al pago por la utilización de infraestructuras a las empresas de transporte nacionales.
