La querella también se dirige contra Cloudflare Inc. como persona jurídica y examina su papel como proveedor tecnológico en la difusión de retransmisiones deportivas ilegales en España.
La investigación judicial analiza si la infraestructura tecnológica de Cloudflare habría facilitado el acceso a retransmisiones ilegales de partidos de LaLiga
El procedimiento judicial examina además la actuación de la matriz estadounidense y de su filial europea Cloudflare Portugal Unipessoal Lda., en relación con la presunta ocultación de servidores utilizados para difundir contenidos protegidos.
Investigación judicial por presunta piratería audiovisual
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid investiga la posible comisión de tres delitos: contra la propiedad intelectual, amenazas o coacciones y obstrucción a la administración de justicia.
La querella se basa en la presunta dificultad para ejecutar una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, dictada el 18 de diciembre de 2024, que autorizaba a LaLiga y Movistar Plus+ a comunicar a los proveedores de acceso a Internet en España las direcciones IP que permitían acceder a retransmisiones ilegales de partidos.
Según los denunciantes, parte de esas direcciones IP estarían vinculadas a la infraestructura tecnológica de Cloudflare.
| Elemento del caso | Detalle |
|---|---|
| Juzgado instructor | Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid |
| Investigado | Matthew Prince (CEO de Cloudflare) |
| Empresa investigada | Cloudflare Inc. |
| Delitos investigados | Propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia |
| Fecha de citación | 7 de abril |
La querella sostiene que una parte relevante de las plataformas ilegales de fútbol utilizan servicios tecnológicos de Cloudflare
El uso de la infraestructura de Cloudflare
La denuncia afirma que aproximadamente el 38% de los servidores, webs, reproductores y plataformas ilegales que difunden competiciones deportivas en España utilizan servicios de Cloudflare.
La empresa actúa como intermediario técnico mediante su red de distribución de contenidos (CDN) y sistemas de reverse proxy, que permiten ocultar la dirección IP real de los servidores que alojan las retransmisiones ilegales.
Según la querella, estos sistemas permiten que las plataformas piratas muestren en Internet las direcciones IP de Cloudflare en lugar de las de los servidores originales que distribuyen los contenidos.
Además, se atribuye a la compañía la prestación de servicios de alojamiento temporal, transporte de datos y almacenamiento en caché de emisiones en streaming, considerados esenciales para el funcionamiento de estas plataformas.
Los denunciantes aseguran que Cloudflare recibió más de un centenar de avisos formales para bloquear plataformas piratas
Requerimientos y daños económicos estimados
Según la querella, LaLiga y Movistar Plus+ enviaron más de 114 requerimientos formales a Cloudflare con información sobre plataformas que retransmitían partidos de forma ilegal.
Los denunciantes sostienen que la empresa no habría adoptado medidas eficaces para bloquear o impedir el acceso a esas webs, pese a contar con la capacidad técnica para hacerlo.
Los daños económicos asociados a la piratería audiovisual vinculada a estas retransmisiones se estiman en 859 millones de euros anuales.
| Indicador | Estimación |
|---|---|
| Plataformas piratas que usarían Cloudflare | 38% |
| Requerimientos enviados a la empresa | Más de 114 |
| Daños económicos estimados | 859 millones de euros al año |
Las declaraciones públicas del CEO de Cloudflare sobre resoluciones judiciales europeas también forman parte de la investigación
Declaraciones del CEO y posible obstrucción
La querella incluye declaraciones públicas de Matthew Prince relacionadas con el cumplimiento de resoluciones judiciales en Europa.
Entre ellas figura un mensaje publicado en enero de 2026 en la red social X, en el que el directivo afirmó que una autoridad italiana había multado a Cloudflare con 14,6 millones de euros por no cumplir órdenes de bloqueo de piratería.
Prince también indicó que la empresa podría considerar medidas como retirar servidores o suspender determinados servicios en algunos países europeos si se exigía el cumplimiento de esas decisiones judiciales.
Además, en una conferencia celebrada en 2025 en el Council on Foreign Relations, criticó una resolución judicial francesa relacionada con el bloqueo de retransmisiones ilegales de fútbol.
Estas declaraciones, según la querella, podrían interpretarse como indicios de resistencia al cumplimiento de resoluciones judiciales europeas, un aspecto que el juzgado analiza dentro del posible delito de obstrucción a la justicia.
