El fin del verano se acerca y en unas semanas arrancará el nuevo curso escolar. Una ‘vuelta al cole’ en la Comunidad de Madrid ante el que se debe posicionar la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la región tiene sobre su mesa un recurso de CCOO contra las instrucciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los centros públicos ante el Covid-19. Según denuncia Comisiones, las medidas decretadas por el Ejecutivo que “son claramente ilegales, además de suponer una dejación de funciones y un abandono a su suerte a toda la comunidad educativa”.
Tal y como informa este miércoles Comisiones, esta iniciativa “avanza” y la Consejería de Educación madrileña “se ha visto obligada a emplazar a posibles interesados e interesadas” por este recurso sobre medidas de protección e higiene en los centros a sumarse al mismo.
Para este sindicato “estas instrucciones no se limitan a concretar cómo aplicar una disposición general ya existente, sino que innovan el ordenamiento jurídico (es decir, son normas de alcance general en sí), pero no se publican en el BOCM –Boletín Oficial de la Comunidad”. “No siguen los trámites preceptivos para su elaboración, tramitación y aprobación, no observan el principio de transparencia ni el de la obligada participación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público al suponer una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado de los centros públicos, por lo que contravienen el ordenamiento jurídico”, critica.
Además, destaca que el Gobierno autonómico se arroga “la competencia de decidir el alcance o categorización de la situación sanitaria, incluso de determinar el confinamiento”. “Sin embargo”, continúa, “por contraste con estos excesos, no se establecen medidas concretas ni eficaces para la protección de la salud, incurriendo en una alarmante dejación de funciones”.
Para CCOO estas instrucciones “exhiben un exceso de determinación al haberse dictado sin la obligatoria negociación colectiva en la Mesa Sectorial”, ya que conlleva una “modificación más que sustancial” de las condiciones de los puestos de trabajo para el profesorado y equipos directivos de los centros públicos”.
Asimismo, pone el acento en el establecimiento de los “grupos estables de convivencia” en Educación Infantil, Primaria y Especial, “que no son otra cosa que los grupos completos con las ratios al máximo (25 alumnos/as más la maestra/o) en los que se puede “socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de un metro y medio, ya que conforman grupos de convivencia estable (…), asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar o de convivientes”.
“Tal analogía es un absoluto disparate, puesto que, según este silogismo, cualquier grupo que coincida en un espacio cerrado durante un tiempo es un grupo familiar o de convivientes a estos efectos sanitarios, lo que conduciría a la supresión total tanto de la distancia interpersonal como de las mascarillas; llevaría, en suma, a la práctica abolición de las medidas sanitarias de prevención”.
Ante “tamaña irresponsabilidad, temeridad y negacionismo”, este sindicato advierte de que seguirá con la impugnación de las Resoluciones de las Viceconsejerías sobre medidas por el Covid-19, así como sobre las Instrucciones de Comienzo de Curso para centros públicos frente a los tribunales. Además, interpondrá las denuncias “que haya lugar” ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “si no se observan las normas sobre prevención de riesgos laborales al inicio de las clases, como, lamentablemente y de forma más que previsible, va a suceder”.
