La Unión Europea y Japón están a un paso de firmar un tratado de libre comercio. Las previsiones son que Bruselas y Tokio firmarán el acuerdo entre finales de 2018 y comienzos de 2019. En esta ocasión, a diferencia del CETA, es probable que el tratado no requiera la aprobación general de todos los parlamentos nacionales – y algunos regionales – de Europa.
Los responsables de negociar el acuerdo que liberará aranceles para productos japoneses y europeos, entre otras cosas, han decidido poner al margen la parte correspondiente a la inversión y el arbitraje. Es decir, ante una supuesta falta de entendimiento en la materia, los diplomáticos han decidido obviarla para seguir adelante con el plan liberalizador.
Europa recela de los planes de Japón, que quiere un sistema de justicia privado ajeno a los Estados que pueda sancionar a los miembros que perjudiquen las inversiones de las empresas.
Sin embargo, son muchas las voces que llegan desde Bruselas que ponen en tela de juicio esa supuesta falta de entendimiento. Sobre todo porque los parlamentos nacionales se involucran en la votación de estos tratados cuando la parte de la inversión y el arbitraje – que es la que afecta directamente a los Estados – está inmerso en ellos.
En este caso, tanto la inversión como el sistema de arbitraje en caso de conflicto entre empresa-Estado quedará exento del acuerdo y, por tanto, los parlamentos de los Estados miembro de la UE no tendrán que posicionarse.
Este aspecto agiliza la aprobación de un tratado de libre comercio que promete expandir el comercio de automóviles japoneses en Europa y la agricultura continental en el país asiático, entre otras cuestiones.
