Según publica la agencia Bloomberg, en la reunión de los ministros de Economía y Hacienda celebrada este martes en Bruselas, Polonia, Suecia y Malta siguieron negándose a apoyar un compromiso, aunque algunos países reticentes, como Hungría, sí abandonaron su oposición.
La falta de la unanimidad requerida es un golpe para el presidente francés Emmanuel Macron, que ha hecho de la adopción de las nuevas normas un objetivo clave de la presidencia semestral de su país en la UE que termina en junio, añade la agencia estadounidense.
En cierta medida, el revés refleja la sensibilidad política de una cuestión que ha obstaculizado durante años las negociaciones internacionales sobre la renovación del sistema fiscal mundial. Sin embargo, Francia y otros países que la apoyan esperaban un paso más sencillo en Europa después de que todos los Estados miembros se sumaran al acuerdo global del año pasado.
El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, proseguirá las conversaciones para buscar el respaldo en una nueva reunión de los ministros de Economía en abril. “Estamos en los últimos centímetros de la negociación, que son siempre el paso más difícil de dar”, ha asegurado. “Nos tomaremos otras tres semanas y estoy seguro de que conseguiremos un acuerdo en el próximo Ecofin”.
La primera concesión presentada el martes es un retraso de cinco años en la aplicación obligatoria de parte de las normas para los países con pocas empresas afectadas. Los franceses también apoyaron una propuesta para retrasar la transposición de la directiva comunitaria a las legislaciones nacionales hasta finales de 2023 como máximo.
Sin embargo, Malta dijo que seguiría necesitando una ligera prórroga en la aplicación de la normativa y una cierta reintroducción de la flexibilidad que se perdió de la versión de la UE del impuesto mínimo. El ministro sueco de Finanzas, Mikael Damberg, defendió que, tras el debate con los legisladores de su país, aún es demasiado pronto para acordar un enfoque.
Una tercera concesión presentada por Francia sería incluir una declaración sobre la aplicación de otra parte del acuerdo global -relativa al tratamiento de las empresas tecnológicas mundiales- al mismo tiempo que los elementos del impuesto mínimo.
Polonia, sin embargo, reclama una garantía más fuerte y legalmente vinculante de que la UE no aplicaría sólo la mitad del acuerdo global. “Estamos dispuestos a seguir trabajando para lograr un texto de compromiso más equilibrado”, ha señalado Magdalena Rzeczkowska, viceministra polaca de Economía y Hacienda, encargada de la administración fiscal. “Teniendo en cuenta esto, no estamos en condiciones de llegar a un acuerdo”.
