Ahora tendrá que pactarse a normativa con Comisión y Parlamento para que entre en vigor durante el año próximo y sea aplicable en los presupuestos de 2025 en todos los países de la UE. Hasta su suspensión durante la pandemia el anterior pacto exigía un máximo de deuda del 60% y un déficit del 3% sobre el PIB.
El acuerdo se ha forjado sobre reglas más simples, adaptadas a la realidad post-pandemia y equilibradas para reducir la deuda de forma compatible con el impulso a la inversión y el crecimiento. Es decir que cada país tendrá que presentar su plan fiscal a 4 años en función de su estado financiero, especialmente sobre el déficit y la deuda. De esta forma no serán obligatorios los mismos objetivos para todos como en el pacto anterior, que de hecho no se cumplían. El principal indicador a partir de su entrada en vigor será la senda de gasto.
A partir de la propuesta de la Comisión se han introducido a lo largo de la negociación cuatro tipos de salvaguardas para garantizar la reducción sostenida de la deuda, el impacto contra-cíclico, un sistema de control y supervisión de estas reglas fiscales más realista y más eficaz y, al mismo tiempo, protección para las inversiones públicas que corresponden a las prioridades europeas en el ámbito verde, digital, social y de defensa.
Según el Ecofin esta flexibilidad se traducirá en un mejor cumplimiento de las exigencias, ya que las condiciones estarán alineadas con las prioridades de los gobiernos y sus necesidades específicas. El principal indicador para todo el periodo de ajuste será la senda de gasto de cada país, recogiéndose en una “cuenta de control” las posibles desviaciones acumuladas.
LOS DATOS
El acuerdo establece que todos los países con una deuda superior al 90% del PIB tendrán que garantizar una reducción efectiva media anual de 1 punto porcentual, mientras que será del 0,5% para los que estén entre 60% y 90%. Respecto al déficit se establece una reducción del 0,4% anual para los que estén por encima del 3%, salvo que decidan extender a siete años su plan con lo que entonces la exigencia bajará al 0,25. Las reglas contemplan un régimen transitorio hasta 2027 que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses.
El Ecofin ha establecido unas exigencias mayores que las planteadas por la Comisión y el Parlamento y en los próximos días habrá que alcanzar un acuerdo entre las partes. La negociación ha sido larga y muy compleja. Se inició en abril cuando la Comisión remitió su propuesta a los países y la idea es que estuviera aprobada antes de fin de año para que puedan entrar en vigor en 2024. Para ello ha sido necesario un esfuerzo de Paris y Berlín, los países que marcan la pauta en la UE y que tenían importantes diferencias: más rígidos con los datos exigibles los alemanes, más flexibles los franceses. El papel de Calviño ha sido determinante estas últimas semanas que coinciden con su salida del gobierno para presidir, a partir de enero, el Banco Europeo de Inversiones.
