Banderas de la Unión Europea
La Unión Europea (UE) tendrá que ser más competitiva en 2027 como fecha límite según han acordado el jueves los presidentes y primeros ministros reunidos con carácter extraordinario en el castillo de Alden Biesen, en el Limburgo belga.
Allí escucharon de primera mano y de viva voz las medidas que proponen tanto Mario Draghi como Enrico Letta para relanzar la anquilosada y lenta estructura económica de la Europa que reúne 450 millones de habitantes, pero no es capaz de seguir el ritmo de EEUU y China.
La idea de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen es “una Europa, un mercado”.
La consecuencia más inmediata es que se avanzará a dos o más velocidades para evitar la engorrosa obligación de la unanimidad que dificulta y trabaxq muchas de las soluciones más operativas.
La UE no está acostumbrada a tomar decisiones a la velocidad que las practican otros territorios. Eso limita la competitividad y retrasa las soluciones que normalmente deben pasar, además, por el tamiz de la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Por eso este gran avance es, de momento, para el año que viene.
Los líderes europeos apuestan por avanzar a varias velocidades para sortear la unanimidad y acelerar las reformas económicas
Previamente, un nuevo eje que asoma la cabeza en la UE, formado por Alemania, Bélgica e Italia, todos ellos con gobiernos conservadores o muy conservadores, se reunió para hablar de lo mismo.
Al gobierno español, probablemente el único de izquierdas, junto al danés, que sobrevive entre los 27 no le gustó la idea; así lo hizo saber y no fue invitado a esa reunión previa.
Aunque el primer ministro belga, Bart de Wever, restó importancia a la ausencia de España, lo cierto es que demuestra que entre los 27 hay con frecuencia conciliábulos y reuniones preparatorias para que a las cumbres llegue casi todo masticado. Y ahora las mayorías son claramente de derechas.
El nuevo eje conservador marca posiciones en el debate económico europeo mientras España queda fuera de una reunión previa
La cuestión de fondo que se discutió estos días en Bélgica es como ser más competitivo. Hay que invertir más y mejor de acuerdo con las 400 propuestas de Draghi. Y que el mercado financiero despeje barreras que impiden una circulación de capitales sin cortapisas como exige Letta.
Para todo ello se necesita ser más ágil, si, pero eso obliga a tumbar una parte de la arquitectura legal, la burocracia de la que se queja casi todo el mundo. Y si esa competitividad lleva consigo la preferencia europea, es decir primero los productos fabricados aquí tal como defiende con ardor Francia, pero no gusta a otros países.
Es el denominado “Buy European” que suena bien ante los aranceles norteamericanos, pero que los países del norte de Europa no son muy partidarios.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, prefiere que la producción europea sea de calidad e innovadora para competir en los mercados mundiales. Su temor es que las empresas bajen la guardia si tienen garantías de vender en casa y no se esfuercen por competir internacionalmente.
Las 400 propuestas de Draghi y la unión de mercados de capitales de Letta centran el debate sobre inversión y agilidad normativa
Y una segunda parte, no menos importante, son las barreras que todavía impiden un verdadero mercado único (libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas). De hecho, cada vez se abren menos procedimientos de infracción, que es la fórmula que tiene la Comisión de obligar a los países a cumplir con la legislación comunitaria. Aparte de que cuando finalmente se abre un proceso puede tardar años en resolverse.
Hay cientos de ejemplos de las trabas y los incumplimientos de la legislación que obliga a abrir las fronteras a todos los países. En “La Matinal Europea”, un blog de periodistas expertos en la UE con sede en Bruselas, publicaron esta semana una relación de incumplimientos obtenida de la Comisión que no deja lugar a dudas: “Bulgaria, España, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Rumanía imponen obstáculos en la contratación pública.
Francia es campeona en restricciones al mercado de la energía. Bélgica, Grecia, España, Italia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia siguen planteando problemas con los retrasos en los pagos. Francia, Italia y España han creado barreras nacionales en materia de envases, etiquetado y residuos.
Austria, Bulgaria, República Checa, Alemania, Dinamarca, Croacia, Malta, Polonia y Eslovenia obstaculizan la libre circulación de servicios para las empresas. Todos los Estados miembros crean problemas a los trabajadores desplazados”.
Con este panorama, las conversaciones del jueves en Alden Biesen significan que el Consejo quiere poner manos a la obra, visto que la Comisión ha ido dejando parte de sus funciones de vigilancia. Las fronteras parciales tienen como consecuencia un mayor gasto para las empresas y dificultades evidentes para el desarrollo económico de los 27.
El eurodiputado español Jonás Fernández, portavoz de Economía del grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento, intervino esta semana en el pleno en Estrasburgo justamente para recalcar la importancia del mercado único que está lleno de lagunas y de interés de los estados -y de empresas y grupos de presión- que impiden un verdadero mercado abierto.
Las barreras internas encarecen la actividad empresarial y frenan el desarrollo económico de los 27
La parte más delicada de esta operación de rediseño económico de la UE es, justamente, la de dotar de agilidad al entramado legal y regulatorio de Bruselas. Lo que para unos es mejorar la eficiencia sin perder de vista una exigencia rigurosa, es decir simplificar, para otros es desregular, es decir eliminar normativas que harían más fácil la vida de las empresas, pero implica riesgos evidentes.
En la UE se habla mucho, pero se tarda tiempo en ejecutar las propuestas. Aguas abajo en los sectores afectados las quejas sobre el exceso de medidas que hay que cumplir es casi universal.
A cambio, Europa es una referencia por la calidad de sus compromisos o la, hasta ahora, capacidad para luchar contra el cambio climático, por ejemplo. En eso se va muy por delante del resto.
La buena noticia es que países como Italia, gobernado por partidos muy a la derecha y que es uno de los más remolones a la hora de aplicar las normas europeas, estén por la labor de buscar soluciones.
A la primera ministra Giorgia Meloni no se le ocurre hablar en los términos descalificatorios para la UE con los que interviene habitualmente Marine Le Pen o su lugarteniente y con toda probabilidad próximo candidato a la presidencia del país, Jordan Bardella, que es eurodiputado.
Es un ejemplo más de como la política no se ve igual desde la oposición que desde el gobierno.
En cualquier caso, son los partidos conservadores tradicionales que gobiernan en la mayor parte de los 27 estados miembros, los que están obligados a introducir las medidas que impulsen la UE.
Acosados, eso sí, como ya ocurre también en España por las organizaciones de extrema derecha en pleno crecimiento y expansión, alentadas por el universo Maga de EEUU, que ponen en duda la mayor parte de estas medidas.
Esta legislatura es clave en este sentido porque en la siguiente bien podría haber mayorías que hace bien poco eran impensables.
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